Más de 170 personalidades entre exdiputados, exministros, activistas, excandidatos y hasta la Iglesia católica firmaron una carta que dirigieron a la Asamblea Legislativa para contener una crisis apocalíptica social en el país agravada por la pandemia de COVID-19.
En el escrito, el grupo sugiere algunas soluciones a los congresistas para que se financie el bono Proteger, así como fortalecer “la capacidad de respuesta de la Caja Costarricense del Seguro Social”.
Por ejemplo, se menciona que el ajuste de impuesto debe ser “progresivo y solidario”. Además de gravar con tasas mayores “y con carácter temporal a personas físicas y jurídicas (de los sectores público y privado) de los tramos más altos de renta con un tributo también temporal, mínimo, pero de amplia base, a la riqueza financiera”, especifica el documento.
La idea también tiene como objetivo “balancear pérdida de ingresos y el aumento extraordinario de gastos de la CCSS. Este ajuste deberá mantenerse por el tiempo suficiente para enfrentar en mejores condiciones la grave crisis que nos agobia”.
Con respecto a la cobertura de costos de las ayudas a las familias desempleadas, quienes suscriben la carta que puede descargar si hace clic aquí, detallan que los recursos “deben provenir de un plan de ajustes temporales en los impuestos vigentes, así como de un acceso perentorio a financiamiento externo en las mejores condiciones posibles y sin condicionamientos improcedentes”.
Aunque el texto no lo precisa actualmente hay una discusión en el Plenario sobre la aprobación definitiva de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) de $506 millones.
El presidente, Carlos Alvarado Quesada, ha insistido en que cualquier acuerdo será discutido con diversos sectores políticos y de la sociedad costarricense.
En el documento se denota preocupación por parte de los firmantes sobre lo que ocurre en Costa Rica y por tal motivo hacen un llamado al “diálogo nacional franco y directo”.
“Deben ponerse sobre la mesa las reformas fiscales estructurales que se han venido postergando por años, tanto en materia de ingresos (evasión, elusión, progresividad, exoneraciones) como de gasto público (calidad, equidad, eficacia, eficiencia); y también, los factores consabidos que afectan la competitividad y sostenibilidad de las empresas, la informalidad laboral, el gran rezago de nuestro sistema educativo público, la innovación científica tecnológica, el fortalecimiento de la democracia participativa, las diversas discriminaciones, desigualdades y exclusiones estructurales, la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, entre muchos otros”, se lee en el escrito.
