El Ministerio de Planificación (Mideplan) anunció que presentará dos proyectos de ley a la Asamblea Legislativa para que los diputados decidan la forma en que avanzará el proyecto Ciudad Gobierno, que consiste en construir nuevos edificios para ministerios e instituciones de forma que el Estado ahorre lo que paga en alquileres.
En febrero el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó para un préstamo de $450 millones para construir Ciudad Gobierno en terrenos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), ubicados en Plaza Víquez. El plan era que el Estado arrendaría los edificios al Banco hasta cubrir el monto del préstamo y entonces serían de su propiedad.
Las obras comenzarían en setiembre, pero la Contraloría General de la República (CGR) lo impidió porque “no es posible utilizar la figura de compra y arrendamiento de bienes inmuebles prevista en el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública (LGCP) para contratar de forma directa el objeto indicado por la administración”.
El presidente Rodrigo Chaves acusó a la contralora general Marta Acosta “de esconderse detrás de lo que ella llama argumentos técnicos o criterios técnicos”, y continuó “para que Costa Rica siga botando ₡30.000 millones al año, dándoselos a un puñado de gente muy, muy poderosa económicamente”.
Laura Fernández, ministra de Planificación dijo que el primer proyecto consiste en una interpretación auténtica de los artículos 67 y 77 de la Ley General de Contratación Pública, a fin de superar el obstáculo que representa la interpretación de la Contralora que Chaves califica de “arbitraria y sin base”.
La otra propuesta de Fernández es una reforma en estos dos artículos de la Ley, de forma que sí se pueda sacar adelante este proyecto y otros en el futuro bajo el mismo esquema de financiamiento. Laura Fernández opinó que la primera propuesta es la que más conviene.
