Un decreto del presidente, Rodrigo Chaves, permite al Ministerio de Justicia y Paz limitar considerablemente el derecho a beneficios carcelarios de los privados de libertad.
La medida es coherente con el discurso del Gobierno, que atribuye el aumento de inseguridad a la ‘irresponsabilidad’ de algunos jueces en liberar golondrinas; además, se argumenta que las leyes son débiles y deben reforzarse.
Chaves resumió cómo se manejaba hasta ahora el tema de los beneficios: “Imagínese que para una pena de hasta 12 años de prisión, Adaptación Social tenía la posibilidad de soltar a la persona después de un año de estar en la cárcel. Para las penas superiores a los 12 años, después de dos años. A alguien le metían 30 años de pena, a los dos años puede salir”.
“Creo en la reinserción a la sociedad, creo en los derechos humanos de todos los seres humanos”, afirmó el mandatario.
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Sin embargo, en cuanto a las condiciones que se daban opinó: “Creo que eso es alcahuetería de darles beneficios a delincuentes condenados a altas penas de prisión y que a los pocos años, un año después, los vemos caminando por nuestras calles sin que se reinserten a la sociedad”.
El decreto especifica que Adaptación Social no otorgará beneficios carcelarios a los delincuentes condenados por delitos de crimen organizado, delitos contra la vida y delitos sexuales hasta que cumplan al menos la mitad de la pena impuesta.
El presidente agregó que luego, incluso cuando el preso cumpla el requisito, “Adaptación Social va a tener que justificar mucho si le dan algún beneficio”.
Además, disparó que en Costa Rica “hay un grave problema de guerras de pandillas” y refirió que según datos del Ministerio de Seguridad Pública en el 54% de los asesinatos quien mata o la víctima eran delincuentes reconocidos.
Gerald Campos, ministro de Justicia, manifestó que el decreto demuestra el compromiso del Gobierno “porque fueron atroces los casos que nos hicieron llegar de situaciones irregulares donde personas que tenían un cambio de medida seguían delinquiendo, cometiendo crímenes graves”.
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La cifra de 164 homicidios que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) registró en lo que va del 2023 hasta el 13 de marzo alertó a las autoridades. Desde diferentes instancias se procura crear estrategias para reducir la violencia.
El viernes 17 de marzo del 2023 está programado un encuentro entre el presidente Chaves; Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, y Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia.