Aunque los rectores de las universidades públicas brincaron en una pata tras firmar el acuerdo del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) con el gobierno al final se quedaron con las ganas de obtener el presupuesto que querían.
Los representantes del Ejecutivo aflojaron un “puchito” en el último suspiro para sellar el asunto, fue la última carta del naipe que tiraron sobre la mesa y surtió efecto.
El asunto estaba así: las universidades querían ¢587.000 millones, el gobierno ofreció como propuesta final ¢575.522 millones, a la que le arrimó un poquitico más hasta redondear la cifra en ¢576.087 millones para el 2024.
Esto quiere decir, viendo los números, que les soltarán ¢11.000 millones menos de lo que deseaban. Aunque el dato engaña, porque con el colchón que tienen estas instituciones es probable que el impacto ni siquiera les haga cosquillas.
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Los rectores estaban pulseando que se incluyera un 3% de inflación más el 1% de inflación acordado en el 2022.
El monto final establecido, los ¢576.087 millones, incluye solo un 2% de inflación. El acuerdo incluye una cláusula para revisar y ajustar automáticamente el FEES, en julio del 2024, en caso de que la inflación supere el 2%.
El presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Emmanuel González Alvarado, se mostró muy alegre junto con sus compañeros por haber completado el acuerdo y afirmó que hay un compromiso por “continuar el análisis de la redistribución del FEES en respuesta a la solicitud de las cinco representaciones estudiantiles y de este órgano”.