Fiscales del Ministerio Público cayeron rapidito al aeropuerto internacional Juan Santamaría, en Alajuela, junto con agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para frenar al exministro de Transportes Luis Amador, este viernes 15 de marzo del 2024.
En el abordaje, al exfuncionario le quitaron el celular y otros dispositivos electrónicos que llevaba justo cuando iba a salir del país en un exilio “voluntario”, tal como lo anunció en un video que circuló este jueves 14 de marzo del 2024, en el que explicó algunas consideraciones sobre el escandalazo que se armó por la contratación de la Constructora MECO para que construyera la pista de aterrizaje en el aeropuerto internacional Daniel Oduber, de Liberia, Guanacaste.
En un breve comunicado de prensa que emitió el Ministerio Público precisó que no existe una orden de detención contra Amador. “Se trató únicamente de una diligencia para asegurar prueba”, detallaron las autoridades.
Como datos adicionales, especificaron que también le decomisaron una computadora personal con su respectivo cable eléctrico, un reloj inteligente y dos llaves mayas. También, le escarbaron las maletas de mano y las que Amador había chequeado.
La investigación aparece en el expediente 24-000030-1218-PE por el presunto delito de falsedad ideológica, que se castiga con una pena de dos a ocho años de prisión, según establece el Código Penal costarricense en el artículo 367.
Las penas previstas en el artículo anterior (el 366, que establece de dos a ocho años de prisión) son aplicables al que insertare o hiciere insertar en un documento público o auténtico declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio”.
artículo 367 del Código Penal costarricense.
Hasta la mañana del jueves 14 de marzo del 2024 no se había tipificado la causa, aunque la Fiscalía sí había informado que recibió una denuncia en enero anterior por la adjudicación del contrato.
Amador fue contundente y aclaro que no metió ni un dedo en la elaboración del cartel, ni tampoco en la adjudicación, solamente firmó, como parte del proceso, para que se continuara con el trámite.
Le echó el churuco a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y a la Dirección de Aviación Civil.
En dicha causa, el Ministerio Público precisó que también figuran como imputados el presidente, Rodrigo Chaves; la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz; el presidente de la CNE, Alejandro Picado, y al exdirector de Aviación Civil, Fernando Naranjo.
