Debió armarse un alboroto mediático con el sonado “megacaso” por presunto fraude fiscal que denunció el Ministerio de Hacienda contra el empresario Leonel Baruch, presidente de CRHoy y del Banco BCT, para que finalmente la fiscala Criss González Ugalde le presentara al fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, una solicitud de inhibitoria.
Esto quiere decir que hay un planteamiento expreso de la líder de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios por apartarse absolutamente del caso, algo que en un inicio no consideró e incluso la impulsó a presentar una solicitud de desestimación ante el Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José (Montelimar, Calle Blancos, Goicoechea).
El propio Díaz, en entrevista con ¡Qué Torta!, confirmó el tema e incluso precisó que aún no ha resuelto esa petición de la fiscala González.
“A pesar de la falta de esa resolución (la de inhibitoria) ya se había acordado que (González) no iba a conocer más ese asunto y que se iba a designar a otra persona que se encargara del caso”, indicó Díaz en conversación con este medio en las oficinas del Ministerio Público, en el barrio González Lahmann.
Ante el cuestionamiento al fiscal general sobre si la Fiscalía debió reaccionar con más rapidez ante lo que estaba ocurriendo mencionó que el caso ingresó directamente a la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y que su despacho se enteró después de los acontecimientos.
El propio presidente de la República, Rodrigo Chaves, lanzó fuego en la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno del miércoles 25 de enero del 2023 al señalar un conflicto de interés de González por haber laborado en el Ministerio de Hacienda, mientras Baruch fue ministro en la administración de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002).
El argumento de González es que ella le reportaba sobre su trabajo a la Dirección Jurídica y no al ministro, que era Baruch en ese momento.
Ante las declaraciones del mandatario, Díaz prefirió no entrar en conflicto. “Como Ministerio Público somos respetuosos de las opiniones de todos los ciudadanos, pese a cualquier opinión tendenciosa o no, siempre vamos a actuar conforme a derecho. Tenemos que aplicar la ley y la Constitución”, destacó.
De momento, el Juzgado Penal de Hacienda no ha resuelto el pedido de desestimación de la fiscala González.
A pesar de esa solicitud, el Ejecutivo metió en el baile a la Procuraduría General de la República (PGR) para que se sume en el proceso y apoye en la investigación.
Hacienda sostiene que la supuesta evasión fiscal supera los ¢11.000 millones e involucraría a Baruch; a su socio, un hombre de apellidos Barrantes Paniagua; así como las empresas Beta Matriz Costa Rica S.A., corporación BCT y sus subsidiarias en Panamá.
