En Costa Rica, el 80% de los hogares utiliza casi la mitad de sus ingresos (más del 40%) para pagar deudas de acuerdo con información de la Defensoría de Apoyo al Deudor (Defade).
Este porcentaje corresponde aproximadamente a 1,6 millones de familias altamente endeudadas, un aumento del 10%, según Defade.
Stephanie Portuguez, asesora legal de la Defensoría, explicó que en las provincias de la zona central están los mayores montos de morosidad y que el número de cobros judiciales es alarmante: “Es muy grave la morosidad que existe, aumenta año con año. Se han incrementado los cobros judiciales y las cuentas incobrables. Hay más de 900.000 procesos activos de cobro judicial en los tribunales del país y muchos de estos ya han prescrito”.
La alta inflación y la subida de las tasas de interés hace más difícil el pago de los créditos, a esto se agregan los efectos de la pandemia de COVID-19 en la economía costarricense.
El monto promedio de las cuentas morosas es de ₡2 millones, que equivalen a casi seis veces el promedio de ingreso bruto mensual del costarricense.
Portuguez recordó que actualmente se discute el proyecto de ley “Devolución del 30% del ROP”, que considera una medida extraordinaria para ayudar a los hogares a dejar los altos niveles de endeudamiento.
Sin embargo, aconseja acompañar la ley con programas de educación financiera para jóvenes, quienes “representan un poco más del 40% de las personas en cobro judicial”.