Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) documentaron una reunión entre Carlos Solís Murillo, exgerente financiero del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), y el gerente de la constructora MECO, Abel González Carballo, quien llegó a la cita, en el restaurante Los Parales, en Curridabat, con una dama.
Se desconoce qué relación tiene la mujer con González Carballo; lo cierto del caso es que los detectives tomaron fotografías del encuentro, en el citado local comercial, desde que inició, al ser las 2:03 p. m., hasta pasadas las 4:22 p. m., que el ejecutivo de MECO se despidió del funcionario público.
El día en que se dio la reunión no se precisa, pero por las imágenes se presume que fue recientemente, pues el exgerente del Conavi luce una careta y la dama lleva puesta una mascarilla.
El detalle que llamó la atención de los agentes es que una vez finalizada la cita, la mujer, en vez de irse con quien llegó (con el gerente de MECO), acompañó a Solís Murillo, quien se la llevó en el carro, un Suzuki Vitara rojo, hasta el motel Venus, en San Francisco de Dos Ríos.
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De acuerdo con la herramienta Google Maps, el recorrido entre Los Parales y el motel Venus puede tardar unos 15 minutos; hay una distancia entre los dos puntos de 4,1 kilómetros.
Solís Murillo y González Carballo son investigados como parte del caso Cochinilla, el más grande de la historia relacionado con corrupción en el país. A ellos les impusieron medidas cautelares por cuatro meses: impedimento de salida del país y firmar una vez al mes.
El exgerente del Conavi fue quien declaró, a su salida del Segundo Circuito Judicial de San José (Montelimar de Calle Blancos, Goicoechea), a los medios de comunicación sobre el proceso: “Uno es inocente hasta que no se pruebe lo contrario”.
De acuerdo con el expediente judicial, entre el exgerente de Conavi y el gerente de la constructora MECO hubo constantes comunicaciones y, en apariencia, se repartieron sobornos, que finalmente beneficiarían el otorgamiento de contratos de mantenimiento vial de las carreteras nacionales a dichas empresas privadas.
Semanas atrás, el director del OIJ, Wálter Espinoza, confirmó que entre las “mordidas” que presuntamente repartieron los empresarios figuran el pago de servicios sexuales.
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