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Estado de la Nación: a cuatro de cada diez ticos les parece bien disolver la Corte en tiempos difíciles

  • Informe revela que la aceptación de esa medida pasó del 13% al 37% entre el 2010 y el 2025. También aumentó el respaldo a cerrar la Asamblea Legislativa.

La proporción de costarricenses que consideran justificable disolver la Corte Suprema de Justicia en tiempos difíciles casi se triplicó durante los últimos 15 años.

Así lo revela el Informe Estado de la Nación 2026, que analizó los resultados del Barómetro de las Américas correspondientes al período 2010-2025.

En 2010, el 13% de los entrevistados consideraba justificable esa medida. Para el 2025, el porcentaje aumentó al 37%.

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La tendencia también se observa en las opiniones sobre la posibilidad de que un presidente cierre la Asamblea Legislativa y gobierne sin ese contrapeso.

En ese caso, la aceptación pasó del 13% al 28% durante el mismo período.

Los investigadores advierten que el crecimiento de ambas posiciones se aceleró a partir del 2023.

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Relación con la aprobación presidencial

El informe también encontró que, en las mediciones más recientes, las personas que expresan mayor aprobación presidencial tienden a mostrar una mayor aceptación de estas medidas.

Sin embargo, el estudio aclara que esa relación es estadística y no demuestra que el respaldo a un presidente provoque esas opiniones.

El Estado de la Nación considera que estos resultados representan señales de alerta sobre las actitudes ciudadanas frente a los límites del poder presidencial y los controles institucionales.

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¿Quiénes dirigen el Estado de la Nación?

El programa Estado de la Nación funciona en el marco del Consejo Nacional de Rectores (Conare), en cooperación con la Defensoría de los Habitantes.

Según los créditos oficiales del informe 2026, su Consejo Directivo está integrado por Jorge Herrera Murillo, rector de la Universidad Nacional y presidente de Conare; Angie Cruickshank, defensora de los Habitantes, y Katalina Perera, directora interina de la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES).

La dirección del Programa corresponde a Isabel Román Vega, mientras que la coordinación general de investigación está a cargo de Natalia Morales Aguilar.

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El informe señala que su principal fuente de financiamiento es el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

La publicación distingue entre las autoridades del Consejo Directivo y los investigadores responsables de los capítulos. Su integración institucional no implica, por sí misma, que sus miembros hayan elaborado personalmente las conclusiones sobre democracia.

El estudio también reconoce que Costa Rica mantiene mecanismos de control institucional robustos, aunque advierte sobre señales incipientes de debilitamiento de los contrapesos democráticos.

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