La soberbia ha conducido por un camino oscuro, enredado y polémico el futuro de la revisión técnica vehicular.
Es cierto que el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y el ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador Jiménez, anunciaron con bombos y platillos que el consorcio alemán Dekra fue el elegido para darle continuidad al servicio, a más tardar a finales de setiembre, en 13 estaciones fijas y cuatro móviles.
La noticia causó sensación el 24 de agosto del 2022. Y es que una importante cantidad de usuarios quedaron satisfechos, porque ya no querían saber nada de Riteve (firma española que brindó la revisión por 20 años) bajo cualquier circunstancia.
Sin embargo, en este tema, como en todo, faltó leer la letra pequeña de la implicación de utilizar la figura de permiso de uso en precario.
En primer lugar, si el ministro (como uno creería) sabe lo que hace tiene claridad absoluta de que el reglamento de la Ley de Contratación Administrativa no contempla concurso de contratación o licitación alguno para la escogencia de la empresa que se haga cargo en esas condiciones durante dos años de la revisión técnica vehicular.
Aún si ignorara las decisiones que toma, el show que montó en una oficina del MOPT, el 29 de julio del 2022, al presentar en un Facebook live las once compañías que “ofertaron” no tiene ninguna validez jurídica, más allá de que fuese un ejercicio de “transparencia”.
¿Cómo recibe ofertas el ministro de un acto del que nunca se subió un cartel como lo establece la ley? La respuesta es sencilla. Bajo la figura de permiso de uso en precario no se necesita cartel.
Lo que sí es cierto (y desconocemos si eso lo tiene claro Amador) es que la selección del proveedor queda a discreción del jerarca. En palabras sencillas, cualquier funcionario al frente de una institución tiene la facultad de escoger a dedo la compañía que considera más adecuada.
Lo que sucede es que Amador, por querer jugar de intachable, complicó el tema al recibir las propuestas y organizar en vivo la recepción y apertura.
Esto no es una ocurrencia de ¡Qué Torta!, sino un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) relacionado con la figura de permiso de uso en precario.
“El permiso de uso es un acto administrativo unilateral, caracterizado por su precariedad. Como tal, revocable en todo momento sin derecho de resarcimiento a favor del permisionario. Se trata de un derecho precario producto de la simple tolerancia de la Administración, que actúa en ejercicio de un poder discrecional. Situación diferente a la del concesionario, porque éste goza de un poder jurídico especial sobre el bien de dominio público”
Criterio vinculante de la PGR
Artículo 169. — Permiso de uso. En los bienes de dominio público la Administración podrá otorgar permisos de uso, los cuales serán motivados en razones de oportunidad o conveniencia para el interés general, siempre y cuando no implique una desmejora en la disposición del bien.
Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa
Además, la decisión debe ser conocida ante la junta del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).
Si se relaciona este análisis con la reacción de la Contraloría General de la República (CGR), que rechazó de entrada una apelación de la empresa sueca Opus Group en el proceso, tiene mucha coherencia.
“Sobre el particular, la CGR resolvió que al tratarse de un acto unilateral del Estado, ajeno a la materia de contratación administrativa, ese acto deberá ser discutido en sede administrativa o bien en sede Contencioso Administrativa. La CGR no tiene en sus competencias controles previos en este momento del proceso en torno a esa figura”.
Comunicado de la CGR
Si Opus Group quiere trabar el asunto debería presentar una apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo (trámite que podría llevarse cuatro años y para resolución unos 10 años) y frenar cualquier intento del Gobierno de que Dekra inicie operaciones. Es un panorama real que sugiere que el país se quedaría por tiempo indefinido sin el servicio.
La incomodidad de Opus surge a raíz de que en la calificación obtuvo mayor puntaje como consecuencia de ofrecer una tarifa más baja (¢6.157 en la primera inspección contra ¢7.287 de Dekra, mientras que para la reinspección ¢3.149,71 versus ¢4.471,51 de Dekra).
Pero quedan más preguntas por resolver sobre esta controversia que pudo haberse resuelto más fácil: ¿Quién asesora al ministro? ¿Desoyó recomendaciones de asesores en temas de contratación administrativa? ¿No quería ver a Riteve ni en pintura?
La Fiscalía tramita una denuncia contra Amador por abuso de autoridad y prevaricato. En realidad, eso es como meterle más ruido al asunto, pero no tendrá una implicación directa en que se defina de una vez por todas cuál empresa retoma el servicio.
De momento, no se sabe si Dekra iniciará o si el país se quedará por tiempo indefinido sin revisión técnica.
