La Asamblea Legislativa tendrá que votar para decidir si levanta la inmunidad del Presidente Rodrigo Chaves y del Ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez. Este lunes 28 de julio, el Poder Judicial envió la solicitud oficial al Legiuslativo a fin que inicie el proceso como paso necesario para juzgarlos por un supuesto delito de concusión.
“Se traslada a los diputados la solicitud del levantamiento del fuero de improcedibilidad (conocido como inmunidad) del Presidente de la República y su Ministro de Cultura, para su análisis, discusión y eventual decisión”, comunicó la oficina de prensa del Poder Judicial.
Esta movida comenzó el pasado 7 de abril con una acusación de la Fiscalía General presentó contra ambos junto con la petición de quitarles la inmunidad. La causa con el expediente 25-000019-0033-PE relaciona al Presidente y a su entonces jefe de despacho de formular un contrato a la medida por servicios de comunicación con dinero del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
“Se obligó e indujo al señor Christian Bulgarelli para que le otorgara un beneficio patrimonial indebido, producto de la contratación con el Banco Centroamericano de Integración Económica, al coimputado Federico Cruz Saravanja, asesor de campaña electoral y personal, y amigo íntimo del presidente, a quien se le benefició con $32.000, derivado del ‘Contrato marco de prestación de servicios de consultoría’, para la compra de una casa”, dice el texto.
El 1 de julio de 2025, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se reunieron en una sesión extraordinaria que resultó con 15 votos a favor de hacer la solicitud y siete en contra. Tras esta votación, Jorge Rodríguez manifestó “tengo la conciencia tranquila y la trayectoria limpia. Si hoy se intenta usar el derecho penal con motivaciones políticas, confío en que la verdad y la justicia prevalecerán”.
De acuerdo con el Código Penal, el delito de concusión supone penas de entre dos y ocho años de cárcel para “el funcionario público que, abusando de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”.
