Este martes 8 de setiembre de 2026, la Fiscalía confirmó una segunda denuncia penal en su contra por presunto acoso predatorio. Van tres señalamientos en total.
Fernando Obaldía es diputado del propio partido de Gobierno, el PPSO. Y ni así se salva.
Por su fuero como diputado, el caso lo lleva directamente la Fiscalía General a cargo de Carlo Díaz, bajo el procedimiento especial para personas con inmunidad.
La fracción oficialista no se anduvo con paños tibios: dijo que toma “con absoluta seriedad” cualquier denuncia y que “no vamos a minimizar ninguna situación de esta naturaleza”.
Mientras tanto, Obaldía guarda silencio.
El primer caso, que ya tiene expediente abierto, incluye un detalle que no había salido a relucir: el diputado habría pedido acceso a las cámaras de seguridad del edificio legislativo para rastrear los recorridos de sus propias asesoras y controlar qué hacían durante la jornada laboral.
A eso se suman los comentarios que, según la denunciante, le hizo sobre su ropa interior, su cuerpo y su vida sexual, algunos ocurridos dentro de la propia Asamblea Legislativa.
El acoso predatorio se castiga con tres a 18 meses de cárcel, pena que se agrava cuando el acosador se aprovecha de una relación de autoridad, justo el caso de un diputado sobre el personal de su propio despacho.
Con dos causas penales, un procedimiento administrativo, su propio partido pidiendo que no se minimice nada, y él sin dar la cara, a Obaldía ya no le queda mucho margen para seguir como si nada.
El sindicato de trabajadores legislativos, UTALEG, también salió al ruedo con un comunicado de “cero tolerancia” al acoso, “venga de donde venga”, incluida “una diputada, un diputado o una jefatura”. Y recordó que existe un procedimiento específico para este tipo de casos
