El camino ya está despejado. Y los números también le juegan en contra al alcalde.
La presidenta Laura Fernández rechazó este lunes 21 de setiembre de 2026 la recusación que el alcalde de San José, Diego Miranda, presentó contra 17 de los 22 regidores propietarios y suplentes del Concejo Municipal.
Con eso, el Concejo recupera la competencia para retomar el proceso disciplinario en su contra, congelado desde marzo.
¿De qué caso se trata?
Esta vez el señalamiento es distinto al de los carros eléctricos. Aquí se investiga que Miranda habría usado a dos abogados municipales para atender un asunto personal, no institucional.
Un órgano director ya instruyó el expediente y tiene lista una recomendación para el Concejo.
¿Qué sigue ahora?
Con la recusación fuera del camino, el Concejo puede retomar el análisis del informe del órgano director y decidir si acoge o no la recomendación de sanción.
¿Tienen los votos?
Aquí está el dato que importa. San José tiene 11 regidores propietarios, y una sanción como esta se aprueba por mayoría simple: 6 votos.
En el caso anterior contra Miranda, por la compra de vehículos eléctricos, el Concejo logró 9 votos a favor de suspenderlo por 15 días sin goce de salario.
Esa correlación de fuerzas no ha cambiado mucho desde entonces, así que en la práctica el Concejo tiene margen de sobra para volver a sancionarlo.
¡Qué Torta! supo, a través de fuentes de absoluta confianza, que los seis votos que se necesitan para suspender al alcalde de San José están prácticamente asegurados.
Así lo confirmó a ¡Qué Torta! una fuente de absoluta confianza dentro del Concejo Municipal.
La fuente fue enfática en aclarar que este caso no tiene nada que ver con el de los vehículos eléctricos: «siempre han querido volverlo a dirigir como si fuera el tema de los carros eléctricos, cosa que nunca ha sido tema de discusión», señaló.
Sobre las implicaciones, explicó que es el órgano decisor el que hace la recomendación de sanción, y que el Concejo se limita a votarla: «puede ser un llamado de atención, puede ser hasta pérdida de credenciales ante el Tribunal Supremo de Elecciones», dijo, según lo que se determine sobre la falta atribuida a Miranda.
Y confirmó el número que buscábamos: «el Pleno somos 11 y ocupan 6, que es mayoría».
Para esta fuente, el tema ya trasciende lo político: «yo creo que ahí ya entra un tema más que político, es un tema de ética, de moral y de sano juicio», afirmó, recordando que los regidores también podrían responder judicialmente, no solo políticamente, por sus votos en este caso.
¿Y qué implica una sanción así?
Según explicó la misma fuente, sería similar a la sanción anterior: si se opta por días sin goce de salario, Miranda no podría ejercer la alcaldía ni tener autoridad sobre los asuntos municipales durante ese período, y tampoco cobraría su salario.
Pero si el órgano decisor determina que hay causa suficiente para ir por la pérdida de credenciales, Miranda tendría que presentarse ante el Tribunal Supremo de Elecciones a defenderse.
En cualquiera de los dos escenarios, no es una destitución automática. El Código Municipal permite al Concejo imponer suspensiones temporales, pero la cancelación de credenciales de un alcalde electo la resuelve, en última instancia, el TSE.
Miranda ya calificó la sanción anterior de «injusta y contraria a la ley», y ha insistido en que el Concejo «no tiene competencia» para sancionarlo, algo que el propio TSE ya le ha desmentido en el pasado.
