Al gobierno PAC del presidente, Carlos Alvarado, le dieron una sacudida histórica este viernes en la mañana.
La Fiscalía General de la República y agentes del Organismo de Investigación Judicial allanaron las instalaciones de Casa Presidencial, en Zapote; así como el Ministerio de Planificación (Mideplan) y cuatro casas por los delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato al crear la Gestapo a la tica, a la que se le daba vía libre para escarbar datos confidenciales de los costarricenses.
En el expediente se investigan a ocho personas:
- Al presidente, Carlos Alvarado Quesada.
- Al ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora.
- Al ministro interino de Planificación, Luis Daniel Soto Castro.
- A los tres funcionarios de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD): Diego Fernández Montero, Alejandro Ismael Madrigal Rivas y Andrés Villalobos Villalobos.
- Al comisionado de Asuntos LGBTI de Casa Presidencial, Luis Salazar Muñoz, quien fue el asesor jurídico del decreto que creó la UPAD.
- A la directora de Despacho del presidente, Felly Salas Hernández.
En un comunicado que envió el Ministerio Público, presume que, entre las labores de este grupo, “se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones y se cree que Alvarado tenía conocimiento de esto”.
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El mandatario, el ministro de la Presidencia y el ministro interino de Planificación firmaron el decreto, que salió publicado el pasado 17 de febrero en el diario oficial La Gaceta.
El 21 de febrero, Alvarado y Morales Mora ordenaron que se derogara el decreto. La investigación continúa dentro de la causa 20-005433-0042-PE.