Ulises Álvarez, secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), fue capturado junto con otros dos funcionarios de apellidos Quirós y Gutiérrez, y un empresario de apellido Murillo. Presuntamente los funcionarios daban permisos de viabilidad ambiental para construcciones a cambio de dinero.
A partir de una denuncia contra personal de Setena, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) dio la orden de detener a estas personas. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hizo 14 allanamientos este martes 18 de junio en las casas de los sospechosos y oficinas de Setena en la sede de San José.
Randall Zúñiga, Director General del OIJ, explicó “tenemos un tema con permisos que se están brindando a diferentes personas interesadas a hacer construcciones. En apariencia lo que se tiene es que estas personas facilitan o colaboran con las personas que quieren obtener estos permisos y les brindan los medios y los insumos para poder, en apariencia, tener estos permisos”.
El OIJ le puso “caso Comején” a la investigación que hasta el momento tienen a nueve personas imputadas, uno de ellos es una persona que se dedica a dar servicios de asesoría privada. Zúñiga dijo que para conseguir un permiso de viabilidad ambiental se contrata a consultores que hacen todos los trámites para que se pueda brindar el permiso a alguien.
“En este caso lo que tenemos en apariencia es que los mismos funcionarios, colaboraban de manera ardua, presuntivamente dentro de la obtención de estos permisos para favorecer a unas empresas en particular”, detalló el Director del OIJ.
En los allanamientos, los agentes judiciales decomisaron documentos, computadoras, equipo electrónico como memorias USB, discos duros externos, celulares y otros materiales que servirán como pruebas en el proceso.
Los detenidos son sospechosos de cometer los delitos de tráfico de influencias, cohecho propio e impropio, y penalidad del corruptor. La Fiscalía les tomará la declaración y decidirá si impone medidas cautelares.