Un informe de la Defensoría de los Habitantes reveló que hay un faltante de 2.722 agentes de la Policía Penitenciaria en los centros penales del país y advirtió que esta situación lesiona los derechos tanto de los policías activos como a los privados de libertad.
La investigación de la Defensoría concluyó que el faltante de personal aumentó de 1.754 agentes penitenciarios en 2023 a un total de 2.722 en abril de 2025. Los encargados de custodiar a los reclusos sufren de recargo de funciones, acumulación de vacaciones no disfrutadas, así como agotamiento físico y emocional.
La falta de policías hace que se retrasen los traslados médicos y judiciales de los presos, limita su atención técnica y educativa, el contacto con sus familiares y aumenta el riesgo de fugas y motines de las cárceles.
La Defensoría recomendó al Ministerio de Hacienda garantizar el presupuesto para cubrir los nombramientos de nuevos policías, mientras que al Ministerio de Justicia se le aconsejó preparar con urgencia las contrataciones del personal penitenciario. De igual forma, debería crear un sistema para prever la cantidad de plazas vacantes por cada centro penitenciario.
