El gobierno quiere congelar el aumento de la anualidad del sector público que corresponde al 2020 para redirigir ese recorte a los desempleados como consecuencia de la emergencia nacional por el COVID-19.
De acuerdo con un comunicado de prensa que distribuyó Casa Presidencial, el monto para repartir en ayudas sería de ¢23.150 millones y sería trasladado a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).
Las autoridades presentaron un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa, la tarde de este martes, que agrega un transitorio único a la Ley de Salario de la Administración Pública.
La medida es extraordinaria y se aplicaría una única vez; excluye a quienes trabajan en el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los cuerpos policiales del país.
“Somos conscientes de la grave disminución de la actividad económica en prácticamente todos los sectores, lo que provoca un alto número de personas en situaciones de vulnerabilidad y mayor demanda de atención a través del Estado”, citó Presidencia en el boletín las declaraciones de la ministra de Planificación, María del Pilar Garrido Gonzalo.
La evaluación de desempeño del 2020 se realizará únicamente como referencia del rendimiento de los servidores públicos.
El aumento de anualidad del 2020 no se reconocería a futuro. A partir del 2021, la anualidad correspondiente a ese año y a los años futuros se pagaría de manera ordinaria según lo establece la ley.
