El COVID-19 se descontroló en el país. Costa Rica reporta este miércoles 3 de junio 52 casos nuevos, la cifra más alta desde que se confirmó el primer paciente contagiado (el viernes 6 de marzo, hace tres meses).
Los números se volvieron locos y el brote se disparó de la forma que más temía la población desde un inicio; por la migración de nicaragüenses a través de la frontera norte, que terminó siendo un coladero y no como lo aseguró la vicepresidenta, Epsy Campbell, el 12 de abril anterior, al querer vender una realidad falsa que por esa zona “¡no pasa nadie!”.
Lo más preocupante, y aunque al ministro de Salud, Daniel Salas, le cueste reconocerlo, es que Costa Rica ya tiene contagio comunitario. Ya no hay un control definido de los nexos epidemiológicos, es decir, que ya no es posible determinar de dónde proviene el contagio, aunque los santos y señas apuntan a que la llegada de los extranjeros de forma ilegal lo aceleró.
Ocho de las personas infectadas se detectaron en Cariari (Pococí, Limón); seis en Peñas Blancas (San Ramón, Alajuela); cuatro en Guácimo y tres en Paquera (Puntarenas). El resto son uno o dos casos en otros cantones del país.
La mayoría de pacientes se ubican en cantones fronterizos con Nicaragua, donde comenzaron este miércoles con restricción vehicular diurna, de 5 p. m. a 5 a. m., precisamente para tratar de evitar la movilización de ilegales provenientes de Nicaragua.
Para intentar frenar el avance del virus se prohibió la circulación de carros en ese horario en La Cruz (Guanacaste), Guatuso, Upala, Los Chiles y Río Cuarto (Alajuela). También se restringió en once distritos de San Carlos (Alajuela), Guácimo, Pococí, Sarapiquí (Heredia) y Siquirres (Limón).
Además, se estableció una restricción de navegación en los ríos Medio Queso, Frío, canales de Tortuguero, Colorado y Sarapiquí, con excepción de actividades productivas y pesqueras, debidamente comprobadas.
Fallaron controles
Los fuertes controles anunciados en abril en la frontera norte para impedir la entrada de nicaragüenses al país no fueron más que cuentos chinos, pues queda demostrado que por allí pasó todo el mundo como perro por su casa.
La vicepresidenta Campbell, dijo que era “absolutamente falso” que por sitios como Boca Tapada, Boca de Cureña, Boca de Cureñita y Alto de la Paz, hubiera “ingresos irregulares de extranjeros”. Tres semanas después, los números indican lo contrario.
En ocasiones repetidas, el ministro de Seguridad, Michael Soto, y otras autoridades de país desmintieron una y otra vez publicaciones, fotos y videos donde se observaban movilizaciones sospechosas de posibles extranjeros.
De hecho, la restricción vehicular diurna impuesta este martes en esos cantones fronterizos se implementó por los movimientos extraños que detectaron durante las noches, por lo que ahora sería “más fácil” detectar a un vehículo sospechoso; además que reforzarían la vigilancia en el día.
Virus explota en Nicaragua
El colapso que vive Nicaragua por la pandemia es, efectivamente, la principal amenaza sanitaria de Costa Rica, tal y como dijo el ministro de Salud, Daniel Salas, y sentimos las consecuencias.
Este martes, el Ministerio de Salud de Nicaragua contabilizó 1.118 personas enfermas de COVID-19 y 46 fallecidos, mientras que la organización no gubernamental Observatorio Ciudadano informó que al 30 de mayo tenía el reporte de 4.217 personas infectadas y 980 muertes.
Nicaragua ya experimenta el contagio comunitario y el descontrol es tal que los hospitales están colapsados, por eso, la población no tiene otra opción que agarrar para Costa Rica, donde los controles no son tan fuertes como han dicho.
Lo peor es lo que falta.
Filtración de datos
Este miércoles, los datos estadísticos sobre el panorama del COVID-19 en el país circularon tres horas antes de la conferencia de prensa habitual.
El gobierno ha desacreditado a la prensa en varias ocasiones por publicar los números antes de que sean “oficiales”, cuando el único ente que ha perdido toda credibilidad ha sido el ministerio por la filtración de datos tan sensibles.
La fuga de información es evidente y toma fuerza cada día, pero hasta el momento, las autoridades no han abierto ningún órgano administrativo para investigar la grave situación y sentar responsabilidades.
Los datos de las personas fallecidas por el virus también han circulado como si nada.
En el caso del último fallecido, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se desato una gran polémica en la que se acusó a Noticas Repretel de inhumano porque informó de la muerte cuando, supuestamente, el paciente agonizaba.
Para ese momento se anunció una investigación a lo interno del hospital México, donde ocurrió el lamentable deceso, pero hasta hoy no hay resultado y la filtración de los datos sigue a diestra y siniestra.
