La ofensiva del abogado penalista Juan Diego Castro Fernández para radiografiar el funcionamiento interno del Poder Judicial puso a sudar tacacos a la Corte Suprema de Justicia.
Después de que el martes 3 de marzo del 2026, Castro presentara formalmente ante el presidente de la Corte, Orlando Aguirre Gómez, un documento con 50 preguntas sobre la gestión administrativa, presupuestaria y operativa del Poder Judicial, las autoridades pidieron más tiempo de los diez días hábiles que establece la ley para responder.
El aviso llegó mediante un oficio firmado por el jefe de despacho de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Róger Mata Brenes, fechado el viernes 6 de marzo del 2026, en el que se reconoce la amplitud y complejidad de la información solicitada por el jurista.
En la comunicación oficial se indica que las consultas planteadas obligan a recabar datos de diversas dependencias judiciales para poder responder de forma completa cada uno de los puntos solicitados.
“Debido a la amplitud y especificidad de la información solicitada, así como a la necesidad de requerir insumos a diversas dependencias del Poder Judicial para atender de forma completa cada una de las consultas planteadas, se le informa que la respuesta será remitida dentro del plazo máximo legalmente establecido”, señala el documento.
Preguntas inquietan
El documento presentado por Castro, al amparo del derecho constitucional de petición y acceso a la información pública, plantea una batería de consultas que tocan temas sensibles de la administración judicial.
Entre ellas destacan interrogantes sobre:
- El costo de las reformas legales promovidas por el Poder Judicial.
- El funcionamiento interno de las oficinas de magistrados.
- El uso de vehículos oficiales y choferes.
- El número de funcionarios en dependencias clave como el OIJ, el Ministerio Público y la Defensa Pública.
- El manejo presupuestario de diferentes programas institucionales.
- La ejecución del presupuesto judicial.
- El teletrabajo dentro del Poder Judicial.
- El uso de edificios judiciales y niveles de ocupación.
- El funcionamiento de órganos de control interno como la Auditoría Judicial, la Inspección Judicial y la Oficina de Cumplimiento.
En total, el documento plantea 50 preguntas acompañadas de solicitudes de respaldo documental, informes administrativos, certificaciones institucionales y datos estadísticos sobre el funcionamiento del sistema judicial costarricense.
Equipo de choque
Castro — uno de los notables que acompaña a la presidenta electa, Laura Fernández Delgado, en el análisis de reformas estructurales al sistema judicial — llegó a la Corte acompañado por su asesor Johan Gómez, el abogado constitucionalista Fabián Silva y el diputado electo de Pueblo Soberano, Antonio Barzuna.
La iniciativa también fue respaldada, desde la Asamblea Legislativa, por el diputado oficialista Daniel Vargas Quirós, quien remitió formalmente el documento a la Corte en ejercicio del control político sobre los órganos del Estado.
En esa comunicación se señala que el interés de la consulta es conocer con mayor detalle el desempeño interno del Poder Judicial y las acciones institucionales orientadas a garantizar una justicia pronta y cumplida para los costarricenses.
La lupa sobre la Corte
Las preguntas formuladas por Castro apuntan directamente al corazón administrativo del Poder Judicial.
El documento exige información sobre gastos, estructura organizativa, rendimiento institucional, control disciplinario, teletrabajo, auditorías internas, costos operativos de las oficinas de magistrados, uso de recursos institucionales y estadísticas de funcionamiento de distintos programas judiciales.
La intención declarada por el jurista es analizar con datos concretos el funcionamiento real del sistema judicial costarricense.
Según explicó Castro tras presentar la consulta, el objetivo es conocer cómo se administran los recursos públicos del Poder Judicial y cómo funcionan sus órganos internos de control y supervisión.
Brasa ante la gente
El plazo fijado por la Presidencia de la Corte establece que la información será entregada a más tardar el viernes 10 de abril del 2026.
Para entonces, se conocerán intimidades propias de la operatividad del Poder Judicial.
