¿Cómo define el gobierno a quiénes les da primero el bono Proteger? Se lo explicamos

El gobierno anunció que a partir de este fin de semana repartirá los primeros 33.000 bonos Proteger para los afectados ante la crisis económica que golpea al país por el brote de coronavirus.

Pero, la pregunta que muchos se hacen es: ¿en qué se basaron las instituciones para escoger a los primeros 33.000 beneficiados con el subsidio?

La respuesta la encontramos en el decreto ejecutivo número 42305 del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social.

En la página once, se especifican los “criterios para la priorización en la asignación de los recursos”, ocho en total que al final se combinan y se determina quiénes son los más urgidos con la ayuda.

Aquí les detallamos los criterios. Por orden de aparición el número uno es el más importante en cada variable:

Condición de empleo:

1. Despedido.
2. Contrato laboral suspendido.
3. Informal.
4. Independiente.
5. Jornada laboral reducida en más de un 50%.
6. Jornada laboral reducida en un 50% o menos.

Rango de ingresos:

1. Deciles I y II: menor de ¢275.799.
2. Deciles del III al VIII: entre ¢275.800 a ¢674.128.
3. Deciles del IX al X: más de ¢674.129.

Condición de pobreza:

1. Pobreza extrema.
2. Pobreza básica.
3. En vulnerabilidad.
4. No pobre.
5. No registra.

Jefatura del hogar:

1. Mujer.
2. Hombre.
3. Otro.
4. No registra.

Cantidad de dependientes:

1. Cuatro o más miembros.
2. Tres a dos miembros
3. Un miembro.

Edad:

1. De 65 años o más.
2. Menor de 65 años.

Discapacidad:

1. Sí.
2. No.
3. No registra.

Entre quienes sí aplican para recibir la ayuda figuran:

• Personas que perdieron el trabajo por el COVID-19.
• Empleados con reducción de su jornada laboral por el COVID-19.
• Trabajadores independientes afectados por el COVID-19.
• Empleados con contrato de trabajo suspendido por COVID-19.
• Trabajadores informales afectados por la emergencia del COVID-19.

Quienes quedan fuera del programa son:

• Personas trabajadoras del sector público, pensionados de cualquier régimen, menores de 15 años, privados y privadas de libertad, beneficiarios de atención a familias de la Junta de Protección Social, así como las personas que reciben más de ¢50.000 por transferencias monetarias del Estado o que cuenten con un trabajo remunerado al 100% de su jornada.

Ahorita, el gobierno cuenta con ¢16.000 millones para cubrir a 46.600 afectados.

Sin embargo, se está a la espera de la aprobación del presupuesto extraordinario para ampliar el margen de acción.