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CNE se libra de consecuencias de contrato irregular con constructora

Irregularidades en los términos de la licitación para rehabilitar la pista de aterrizaje del Aeropuerto Daniel Oduber le costaron el puesto a Luis Amador, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y a Fernando Naranjo, Director General de Aviación Civil, pero no es el caso de Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

El presidente Rodrigo Chaves dijo que en el caso de la CNE “no ha habido sanción para sus funcionarios porque ellos son fundamentalmente un mecanismo de contratación pública y ejecución presupuestario de los fondos del Fondo Nacional de Emergencias. Ellos tienen que depender de los ministerios rectores”.

Los términos del concurso para la obra favorecían a Constructora MECO S.A., pues incluían un criterio de experiencia que solo esta empresa cumplía.  En enero de 2024 la CNE adjudicó a MECO las reparaciones, aunque presentaron la oferta más cara por aproximadamente ₡22.000 millones.

“Uno no mete a justos por pecadores en el mismo saco castiga a justos por pecadores. Hay que tener un balance. La Comisión trató de anular la licitación. Hicimos el esfuerzo de llamar a una negociación para reducir precios. Bajamos precios. Pero aun así se lanzaron los términos de referencia de manera equivocada y ahí no había vuelta para atrás”, explicó Chaves.

Cuando el presidente Chaves anunció el despido de Luis Amador el 12 de marzo, recalcó que no había pruebas de corrupción y fue cuestión de responsabilidad política. Rodrigo Chaves dijo que le comunicó su destitución por teléfono porque Amador se encontraba en una visita oficial en Canadá.

Sobre Alejandro Picado, el Presidente dijo “la competencia legal de la CNE es licitar bajo carácter de emergencia intervenciones de política pública que han de ser financiados con los recursos dispuestos a la Comisión, especialmente el Fondo Nacional de Emergencias. Ese es el trabajo de la Comisión”.

En cuanto al contrato con Constructora MECO, una vez que ganó la licitación pública la ley impide al Estado romper el contrato. “Nosotros no le podemos decir a una empresa usted no participa. Los términos de referencia se publicaron. Una vez publicados y pasados los procesos correspondientes no hay un mecanismo legal para echarlo para atrás”, afirmó el mandatario.

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