Mientras el presidente, Carlos Alvarado, aplaudió el tijeretazo que le metieron 40 diputados a más de 4.000 pensiones de lujo mantendrá su posición de no renunciar al beneficio “juvenil” que le corresponde por ley al dejar el cargo, en mayo del 2022, a los 42 años.
Desde que ganó las elecciones, el mandatario ha sostenido ante diversos cuestionamientos que les deja la decisión a los diputados sobre si recibe la pensión vitalicia, cuyo monto asciende al salario bruto de un legislador, actualmente en poco más de ¢4 millones.
Rodolfo Peña, legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), impulsa un proyecto de ley en el Congreso que eliminaría de raíz las pensiones para los expresidentes.
De aprobarse, esto no afectaría las que reciben actualmente siete exmandatarios y tres personas por sucesión.
Eso sí, a partir de que se convierta en ley, el próximo expresidente no tendría derecho a ese “regalo”. Es decir, Alvarado podría quedarse sin ese jugoso depósito mensual. Todo depende de la voluntad política que haya en la Asamblea para que avance la propuesta de Peña.
Luis Loría, fundador del Instituto de Desarrollo Empresarial y Acción Social (Ideas) y uno de los grandes luchadores contra las pensiones de lujo en el país, se sorprendió al ver la reacción de Alvarado sin que se pronuncie con respecto a la tajadota que podría recibir al finalizar su periodo presidencial.
“Un cálculo de la Superintendencia de Pensiones (Supén) establece que el valor presente de la pensión de don Carlos Alvarado es de ¢1.400 millones basado en su expectativa de vida a partir de que termine el mandato en el 2022”, explicó Loría.
La reforma, iniciativa de la diputada Xiomara Rodríguez, del partido Restauración Nacional, y que recibió el respaldo de los congresistas este jueves plantea que los jubilados que reciben montos superiores a los ¢2,2 millones para los regímenes de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como ¢2,6 millones en el Poder Judicial, deben aportar más con la contribución solidaria.
La recaudación de ese dinero por parte de la administración beneficiaría a pensionados de más bajos recursos.
