La Fiscalía General de la República tendrá que esperar a que termine el mandato de Rodrigo Chaves para poder llevarlo a juicio. Esto debido a que la Asamblea Legislativa rechazó en una votación levantar el fuero de inmunidad del Presidente de la República, tal como lo había solicitado la Corte Plena a petición del Fiscal General, Carlo Díaz.
Para aprobar la medida se requería del voto de al menos 38 diputados, pero solamente obtuvo el apoyo de 34. La Fiscalía reaccionó con un comunicado en el que expresó que respetará la decisión de la Asamblea Legislativa y dejó claro que “mientras el Presidente ostente su cargo, no puede ser sometido a proceso penal sin dicha autorización”.
Sin embargo, el fiscal Díaz parece determinado a continuar el proceso por la vía ordinaria y para ello le tocará esperar a que Chaves entregue el cargo al próximo mandatario el 8 de mayo de 2026 y posiblemente tenga que esperar aún más porque la candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, declaró su intención de que Rodrigo Chaves forme parte de su gobierno.
“También haré todo lo posible para que don Rodrigo integre el próximo gobierno como ministro de la Presidencia y coordinador de la continuidad de todas las reformas pendientes y necesarias. Vamos a gobernar con el mejor equipo, el equipo de la continuidad”, expresó la candidata y exministra en un video que difundió su partido.
La acusación de la Fiscalía dice: “Se obligó e indujo al señor Christian Bulgarelli para que le otorgara un beneficio patrimonial indebido, producto de la contratación con el Banco Centroamericano de Integración Económica, al coimputado Federico Cruz Saravanja, asesor de campaña electoral y personal, y amigo íntimo del presidente, a quien se le benefició con $32.000, derivado del ‘Contrato marco de prestación de servicios de consultoría’, para la compra de una casa”.
De acuerdo con la Fiscalía, Chaves y el ahora Ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, habrían cometido un delito de concusión, el cual supone penas de entre dos y ocho años de cárcel para “el funcionario público que, abusando de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”, según el Código Penal.
