La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) suspendió a tres altos funcionarios, entre los cuales está la jefa de Contabilidad de Costos, Azyhadee Picado, quien cuenta con medidas de protección de la Fiscalía que dirige Carlo Díaz por ser una de los testigos principales en el “caso Barrenador” junto con los otros dos sancionados: el gerente financiero, Gustavo Picado, y el director financiero, Andrey Sánchez.
La Junta Directiva de la institución tomó la medida con motivo de presuntas inconsistencias graves en los informes contables de los periodos 2023 y 2024. Azyhadee Picado estuvo detrás de los argumentos e informes supuestamente falseados y maquillados que hicieron caer en el error a la Contraloría y a la propia Fiscalía para sustentar el caso “Barrenador”.
Este proceso se llevó a cabo en setiembre de 2024 contra de la diputada y entonces presidente ejecutiva de la Caja, Marta Eugenia Esquivel, por supuestas irregularidades en contratos con cinco cooperativas para adjudicarles la administración de 138 Ebais. Con motivo de aquella denuncia, Esquivel fue detenida y trasladada en perrera hasta los Tribunales de Goicoechea.
Denuncias acumuladas
Los tres involucrados acumulan denuncias de larga data. Gustavo Picado tiene una causa que viene del 2009 por supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública, fraude de ley y administración fraudulenta, de acuerdo con el expediente 12-0046-0615-PE. Durante el gobierno de Óscar Arias, Picado tomó decisiones como la contratación de 10.000 nuevos funcionarios e incrementos salariales que afectaron las finanzas de la CCSS.
El entonces Presidente de la República, Rodrigo Chaves, había declarado públicamente que Picado era un corrupto en febrero de 2025. “la sinvergüenzada de los 221.000 millones de pesos que regaló y malbarató un gerente financiero que está sentado hoy aquí y que no está en juicio. Sí, señor Picado: ¡Corrupto!”.
Por su parte, Azyhadee Picado también tiene una denuncia por presunta Influencia en contra de la Hacienda Pública. En octubre de 2024 Coopesalud R.L. la acusó de afectar el proceso de adjudicación de Ebasis al incluir información falsa en el documento “Estudio de Razonabilidad De Precios”, el cual se utiñizó en el trámite.
En esta denuncia se afirmaba que “la jefatura de Área de Contabilidad de Costos de la Caja, inserta hechos falsos de manera que influye en la generación de un falso sobreprecio. Es así como en las tablas de costos ignora y omite los ahorros para la Caja de ¢42 mil millones en 10 años solo en salarios y hasta ¢50 mil millones en ese mismo periodo de forma global”.
En 2024, Andrey Sánchez había asegurado a la Fiscalía recibir amenazas por insistir en denunciar los supuestos sobreprecios de hasta un 65% en las licitaciones que dieron lugar al caso Barrenador. Además, junto con Gustavo Picado elaboró los informes en los que defendió que la Caja estaba en una buena situación financiera al contrario de la situación de quiebra de la que hablaba el oficialismo.
