Les mataron la fiesta a siete funcionarios del Instituto Nacional de Seguros (INS) que, en apariencia, cobraron más de ¢150 millones en incapacidades falsas.
La harina, de acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se la gastaron en comprar comedera en supermercados y en pegarse buenos ‘rides’ a sitios turísticos del país.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó, a través de un comunicado, que a los sospechosos se les abrió el expediente 23-000049-1218-PE por presunto peculado (delito que comete un empleado público al sustraer platas o bienes del Estado).
Como parte de esta operación coordinada entre el OIJ y el Ministerio Público, agentes allanaron 12 lugares distribuidos en Sarchí, Grecia, Palmares y San Ramón de Alajuela. Cayeron a las casas de los detenidos y a las oficinas donde laboran.
A los imputados los identificaron con los apellidos Salazar, Pacheco, Solano, Araya, Chaves, Alvarado y Jiménez. Se trata de tres mujeres y cuatro hombres, entre los 22 años y los 47 años, a quienes les decomisaron celulares, computadoras y otra documentación.
“Producto de una investigación preliminar interna, la institución detectó tiempo atrás una serie de comportamientos en apariencia irregulares, situación que originó un abordaje inmediato y trabajo en conjunto con la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta)”, indicó el INS, en un boletín de prensa.
Método creativo
La pregunta del millón es: ¿cómo hacía la banda para succionar la plata de su patrono?
El método era creativo y hasta de cierta forma complejo.
Según la investigación preliminar, ordeñaron en los puntos de venta del INS en Sarchí, Grecia y Palmares de Alajuela.
En apariencia, los funcionarios habrían sacado ventaja de sus puestos para manipular un sistema informático de Riesgos del Trabajo, pues incluyeron datos falsos sobre “incapacidades temporales inexistentes”, describió la Fiscalía.
Se cree que, acto seguido, sin que los asegurados lo pidieran o estuvieran enterados, se gestionaba el reemplazo de sus tarjetas de débito prepago, que estaban a su nombre en el régimen de Riesgos del Trabajo.
Supuestamente, el cambio por el nuevo plástico lo justificaban como concepto de extravío, robo, retención y otros motivos aparentemente falsos.
“Una vez con las tarjetas en su poder, se presume que los sospechosos acreditaban pagos de las incapacidades inexistentes y luego sustraían el dinero, el cual debían administrar en razón del cargo que ostentaban”, mencionó la Fiscalía.
