- UCR calcula daños superiores a ¢36 millones, mientras OIJ y Fiscalía investigan lo ocurrido durante la toma del edificio administrativo.
Una de las caras visibles del movimiento que mantuvo ocupada la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) durante casi un mes es asesora de la diputada frenteamplista Joselyn Sáenz Núñez, conocida en redes sociales como la “diputada lechita”.
Se trata de María Isabel Jiménez Picado, conocida como “Coco”, quien figuró públicamente entre los representantes del autodenominado Movimiento Estudiantil Autónomo (MEA) durante el anuncio del acuerdo que puso fin a la ocupación del edificio administrativo B.
La revelación adquiere especial relevancia conforme empiezan a conocerse detalles sobre el nivel de destrozos que dejaron unos antisociales que protestaron de forma violenta; basta con hacer un recuento de los daños para darse cuenta.
El propio rector de la UCR, Carlos Araya Leandro, confirmó que un informe preliminar calcula pérdidas cercanas a los ¢36 millones, aunque advirtió que la cifra seguirá aumentando conforme concluyan las inspecciones.
Según explicó Araya, además de ventanales destruidos, funcionarios universitarios han reportado la desaparición de electrodomésticos, suministros de limpieza y diversos bienes ubicados dentro de oficinas y bodegas del edificio ocupado.
“En la Oficina de Planificación Universitaria nos decían que faltaba el coffee maker, el microondas, la olla arrocera y otras cosas. También se abrió una bodega y todo lo que había desapareció”, relató el rector en sesión de Consejo Universitario del jueves 28 de mayo del 2026.
La negociación
El 13 de mayo del 2026, la administración universitaria y el MEA anunciaron un acuerdo para poner fin a la ocupación iniciada el 22 de abril.
La mesa negociadora estuvo integrada por representantes de la administración universitaria y miembros del movimiento estudiantil que protagonizó la protesta.
Fue precisamente durante ese proceso y en las actividades públicas posteriores cuando ‘Coco’ se dejó ver.
Ella asiste a la diputada Sáenz, quien representa a la provincia de Cartago, y se hizo viral la última semana de mayo del 2026, en el debate del proyecto de armonización eléctrica al justificar su voto en contra alegando que eventuales apagones podrían afectar a madres en período de lactancia y comprometer la conservación de leche materna almacenada, episodio que le valió el apodo de “diputada lechita” en redes sociales.
Investigación en marcha
El rector Araya confirmó que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ingresaron al edificio inmediatamente después de su entrega para recabar evidencia y que actualmente existe un caso penal en curso.
Además, reveló que fue citado por la Fiscalía del Segundo Circuito Judicial de San José para rendir declaración, en principio la primera semana de junio del 2026, en calidad de ofendido debido a las denuncias presentadas.
La gran interrogante ahora es quién asumirá la responsabilidad por los daños.
Porque mientras las autoridades universitarias siguen cuantificando pérdidas y el Ministerio Público recopila evidencia, también empiezan a surgir preguntas incómodas sobre la cercanía de figuras vinculadas al Frente Amplio con un movimiento que terminó dejando una factura millonaria para la principal universidad pública del país.
Defensa de los ocupantes
Dentro de la propia Universidad también surgieron voces que han pedido moderación frente a las investigaciones.
Ilka Treminio, integrante del Consejo Universitario, manifestó que estará vigilante para que las pesquisas respeten los derechos de los estudiantes involucrados y defendió la posibilidad de recurrir a mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
Treminio incluso advirtió sobre lo que considera una desproporción de poder entre la institución y los estudiantes participantes de la toma, además de cuestionar algunas actuaciones administrativas adoptadas durante la ocupación.
