El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) envió una solicitud a la Asamblea Legislativa para iniciar el proceso de levantamiento del fuero de inmunidad del presidente Rodrigo Chaves con el objetivo de que responda a denuncias por el presunto delito de beligerancia política. Esto ocurre a menos de un mes de un primer intento fallido que pretendió permitir llevarlo a juicio por un supuesto delito de concusión.
De acuerdo con el TSE, Rodrigo Chaves acumula 15 denuncias por el delito de beligerancia política, el cual tiene lugar cuando un funcionario público realiza o participa en una actividad política electoral a favor de una agrupación política. De acuerdo con el artículo 146 del Código Electoral, los funcionarios cometan este delito deber ser destituidos e inhabilitados de ejercer cargos públicos entre dos y cuatro años.
En el caso del presidente Chaves, durante sus años en el cargo ha ido acumulando denuncias por esta causa. Entre los denunciantes están los diputados Antonio Ortega, Luis Fernando Mendoza y Johana Obando Bonilla; Ricardo Sancho, presidente del Partido Liberación Nacional (PLN); José Solano y Gonzalo Coto, presidente y secretario del partido Acción Ciudadana (PAC), respectivamente; entre otros.
La diputada y líder de la fracción oficialista, Pilar Cisneros, cuestionó las intenciones del TSE “¡Van a seguir! Esta es una prueba más de cómo funciona la institucionalidad de la casta política que ha dominado a sus anchas a este país en beneficio propio. Ahora sí cabe preguntarse, ¿estaremos ante un intento de golpe de Estado institucional contra el presidente más popular de la historia de Costa Rica?”
Por su parte, el jefe de fracción del PLN, Óscar Izquierdo, dijo que la solicitud es un paso previsto según el Código Electoral y seguirá el debido proceso. Mientras tanto el diputado Fabricio Alvarado de Nueva República tomó una postura más cautelosa “analizaremos a detalle las circunstancias, analizaremos a detalle las denuncias que hay contra el señor Presidente y tomaremos una decisión”.
Rodrigo Chaves superó un primer proceso para quitarle la inmunidad a raíz de una denuncia de la Fiscalía General, que lo acusó de presionar al empresario Christian Bulgarelli para que entregara dinero al jefe de campaña de Chaves a cambio de la adjudicación de un contrato con el Gobierno. Finalmente en la votación del pasado 22 de setiembre 34 diputados votaron a favor, pero el requisito era un mínimo de 38 votos.
