En una serie de reportajes especiales, ¡Qué Torta! ha dado a conocer que Costa Rica enfrenta uno de los momentos más críticos en cuanto a la penetración del crimen organizado.
La parte más grave del tema es que el presente pinta un escenario caótico, pero el futuro se vislumbra peor.
Uno de los puntos más vulnerables en el país es el financiamiento de los partidos políticos. Para los narcotraficantes es sencillo “invertir” su capital en la campaña de algún líder municipal a cambio de trasladar “con seguridad” cargamentos de droga a través de las carreteras nacionales.
El capo no pide, ni necesita factura. Se da por cobrado si mantiene la operación de una ruta terrestre o marítima para enviar cocaína hacia Guatemala, México o Estados Unidos.
Cuando las mafias contribuyen en una campaña para ordenarle al político de turno que haga lo que quiere simplemente lo hacen en efectivo. Eso no lo controla ninguna autoridad, ni siquiera el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por más que exista un Código Electoral.
El exfiscal general, Jorge Chavarría, considera que en el país hay zonas altamente propensas a que esto pueda ocurrir, como en la costa Pacífica y en el Caribe.
Su opinión está basada en un análisis serio y profesional, pues es experto en el tema. “Es una inversión cuyo retorno es la obediencia del funcionario”, se refirió al pago que los narcos hacen en los procesos electorales.
En una conversación con este medio compartió una experiencia impresionante que ocurrió en México.
“Durante una asesoría que di el gobernador de un estado nos comentó que le habían informado que cuando el cuerpo municipal asumió funciones llegó una caravana de camionetas y recogió a los munícipes electos. Se los llevaron a una finca, donde estaba el capo, que les dijo: ‘Vengo a reunirme con ustedes para que nos pongamos de acuerdo cómo se van a hacer las cosas aquí’. En Costa Rica no queremos llegar a ese extremo, pero en la costa Pacífica y el Caribe estamos a punto de que eso nos pase”, dijo.
La principal preocupación del exfiscal en un caso similar es que un poder externo al Estado opere decisiones trascendentales para un país.
“El Estado se acomoda a los intereses del criminal o del capo y se entra en un problema muy grave”, reflexionó.
Chavarría recordó un antecedente que se dio en el país el 25 de junio de 1988, cuando Mario Valverde Zamora intentó meter $760.467 del narco en tres valijas y un maletín que llegaron en un vuelo al aeropuerto Juan Santamaría.
El dinero iba envuelto en calcomanías de la tendencia del precandidato liberacionista de aquella época Rolando Araya y escondido en cajas de juguetes.
Araya rechazó que esos dólares estuvieran relacionados con él y nunca se le comprobó nada al político, quien en ese momento disputaba contra Carlos Manuel Castillo la oportunidad de luchar por la Presidencia.
Por ese caso, las autoridades detuvieron a Ricardo Alem León (fue representante de Costa Rica ante el BCIE en el gobierno de Óscar Arias) y a Valverde.
Actualmente, Alem se encuentra en prisión por una pena de narcotráfico.
