*Por Eric Briones Briones
Doctor en Derecho Laboral
Tal como se explicó la semana pasada, mediante varias entregas que se van a realizar, se va a ir tratando el contenido externado por la Sala Constitucional, en su voto número 17.098 de las 11:15 p. m., del 31 de julio del 2021 sobre el proyecto de ley denominado: “Ley Marco de Empleo Público” y que, como se explicó el mismo, se divide en un índice temático relacionado con vicios tanto de fondo como de forma; recordando que el mismo, ya fue votado legislativamente, en primer debate, de allí que se pasara a realizar la consulta legislativa ante el ente constitucional por parte de varios diputados costarricenses.
Dentro de uno de los temas que resultan de interés, que fue analizado por la Sala Constitucional, es el que tiene que ver con los vicios de procedimiento, ya que, dentro de la consulta, se alegaron a nivel procedimental violaciones al derecho de enmienda, falta de poner en conocimiento al plenario, de mociones admitidas e indebida acumulación, por cuanto mociones de reiteración, que fueron aprobadas, después se modificaron sin ser aprobadas.
No obstante, el ente constitucional consideró no encontrar vicios procedimentales sustanciales, por cuanto no se indicó específicamente por el consultante cuáles son las mociones; asimismo, si bien se halló indebida acumulación en el inicio, posteriormente, por la misma Presidencia de la Asamblea, se desacumuló y permitió la discusión por separado; por otro lado, no se valoró lo atinente al tema de la modificación, por cuanto fue retirada a lo interno por la parte proponente.
En cuanto a los vicios de fondo de manera general, seis de ellos son referidos a la autonomía de algunas instituciones, así como otros temas, tales como la objeción de conciencia, el derecho de negociación colectiva, la sanción de inhabilitación, el salario global y el debido proceso.
Cada tema se analizará por separado a partir de la próxima semana, dentro de un proyecto que pretende, según su motivación: “Ser una piedra angular para encaminar el servicio público hacia un ordenamiento jurídico más homogéneo entre sí, dirigido a disminuir las distorsiones generadas por la fragmentación en un contexto de eficacia y eficiencia”, que, dicho sea de paso, está conformado de 50 artículos, divididos en 10 capítulos y 15 disposiciones transitorias con vigencia un año después de su firma por el ejecutivo y su respectiva publicación, según la Constitución Política de Costa Rica.
