*Por Eric Briones Briones
Una consulta común -en mis 30 años de experiencia- está relacionada con el tiempo que tiene la parte patronal para pagar los rubros salariales (entiéndase por estos el preaviso, aguinaldo, cesantía, vacaciones y cualquier otro deber) una vez terminada la relación laboral, sea de empleo público o privado.
Creo que esto es debido a la omisión en que incurrieron nuestros abuelos al no dejar previsto de manera puntual un plazo determinado para honrar lo correspondiente.
Pareciera que una vez finalizada la relación laboral (con o sin responsabilidad para las partes), los rubros deben ser cancelados de manera inmediata, que se deduce (artículos del Código de Trabajo: 29 “deberá pagarle”; y 153, “pagado en el momento de retiro de su trabajo”; ley no. 2412 “también derecho a que se les pague una parte del beneficio proporcional”). No obstante, la práctica forense ha enseñado que esto es poco realista para el desempeño del rubro empresarial y económico patronal normal.
Ahora bien, a nivel nacional, tanto la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, han referido que al no haber plazo su pago debería ser inmediato; no obstante, se ha admitido mediante votos de dicha Sala Segunda (nos. 205 y 740 ambos del 2005) que es posible tolerar hasta ocho días naturales para cumplir con la obligación (a partir del cual se generan intereses por mora); plazo considerado razonable, en el sector privado, para que se cumplan los trámites internos empresariales.
A su vez y en seguimiento al anterior razonamiento, la Dirección Jurídica del Ministerio en mención, mediante su pronunciamiento DAJ-AE-006 del 6 de enero del 2015, ha referido lo siguiente: “Según se desprende, lo procedente es liquidar al trabajador en la fecha en que cesa la relación laboral, siendo permitido que el patrono cuente con un plazo razonable de ocho días para que, en caso de que lo necesite, lleve a cabo las gestiones contables (…) Extenderse más allá de este plazo razonable, aparte de ser improcedente (…) le otorga el derecho al trabajador de acudir a la vía judicial a reclamar dicha liquidación, dentro del plazo de un año, contado a partir del día siguiente en que finaliza la relación laboral”. Asimismo, se ha considerado válido el pago en tractos, siempre y cuando medie acuerdo entre las partes y no exista de por medio una imposición patronal.
Por su parte, la Sala Constitucional de la Corte Suprema, para los casos de patrono público ha considerado (vía amparo) que para la cancelación de los extremos pecuniarios legales que corresponden a cualquier servidor del Estado se requiere de la intervención de diversos órganos públicos y, por lo tanto, el pago no puede ser inmediato.
No obstante, este plazo debe atender y respetar los principios de razonabilidad y oportunidad evitando con ello que la administración deje de honrar en tiempo razonable sus deudas (votos nos. 2.512, 10. 397 y 15.121, todos del 2017).
Ante esto sería aconsejable poner un plazo (parece razonable, el propuesto por el exdiputado y actual alcalde de Cartago, Lic. Mario Redondo, estipulando un plazo de 30 días siguientes a la fecha en que se concluya la relación, según proyecto no. 20.111) que sea real, proporcional y razonable, en sano equilibrio para ambas partes y que sea -aún cuando se haga diferenciación- tanto para lo privado, como para lo público.
A partir del mismo y en caso de incumplimiento (salvo pacto en contrario por común acuerdo de partes) del plazo legal se tipicaría una infracción a las leyes de trabajo, siendo la Inspección de Trabajo, en primera instancia, la llamada a proteger de manera inmediata a la persona perjudicada, esto con el ánimo de evitar juicios ordinarios, burlas y confusiones, como sucede hoy en día, ante la carencia de un plazo expreso, dentro de un contexto realista y acorde con la situación económica del país y en pro del derecho constitucional de seguridad jurídica.
*Doctor de Derecho Laboral
