*Por Eric Briones Briones
Doctor en Derecho Laboral
Dentro de un estado democrático que le ha apostado a la escogencia de sus gobernantes mediante el sufragio universal con la participación de todos sus ciudadanos es que el país introduce diversas normas con el fin de hacer posible y efectivo el mismo, más allá de la mera retórica.
En este sentido, se debe recordar que las leyes laborales son de orden público, lo que significa que con independencia de la nacionalidad, si se ejerce una relación laboral dentro de territorio nacional se deben respetar por todas las partes con sanciones en caso de incumplimiento.
Así, y dentro del tema que ocupa, se ha de entender que dentro de las relaciones laborales, tanto públicas como privadas, en primera instancia se encuentra el deber de todo ciudadano trabajador de emitir su sufragio de manera libre y sin coacción, ya que lo contrario sería conforme al artículo 70 inciso c del Código de Trabajo (CT), una influencia totalmente prohibida o sea una infracción laboral que conforme a la normativa del trabajo se castigaría con la imposición de una multa entre ocho y once salarios o bien en delito electoral si concurren las circunstancias preceptuadas en el artículo 279 del Código Electoral, sean dádivas, amenazas, coacción, entre otras.
Para cumplir lo anterior, desde 1943 el legislador estableció en el Código de Trabajo, como obligación patronal la concesión a los trabajadores del tiempo necesario para el ejercicio del voto sin “reducción de salario” (arts. 69 del CT y relacionado con el 292 del Código Electoral).
Este tiempo necesario que estipula la legislación debe entenderse bajo los principios de proporcionalidad, razonabilidad, lealtad y buena fe, es decir, sin que medien abusos en dichos permisos por cuanto no es válido sacar provecho de la propia ley y por otro podría exponerse la persona trabajadora que abuse a una medida disciplinaria, en caso de comprobarse una arbitrariedad en el ejercicio de este derecho.
Por su parte, la forma en que se coordinen los permisos dependerá de cada empresa, pero se recomienda mantener el diálogo entre la persona empleadora y las personas trabajadoras, con el fin de garantizar el derecho, esto de conformidad con el criterio de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo, DAJ-OF-12, del 19 de enero del 2022.
La anterior disposición valga tanto para el trabajador elector, como para el empleador, que participe en calidad de miembro de una Junta Receptora de Sufragios, según lo ha estipulado por el TSE, mediante resolución no. 14.014-E, del 2002.
Se destaca el hecho de la más alta trascendencia jurídica y cívica como resulta ser no solo el ejercicio del voto, sino la participación activa ciudadana durante el proceso electoral como un deber cívico constitucional. De allí que no puedan existir óbices ante dicho ejercicio patriótico por encima -incluso- de los deberes laborales, todo dentro del marco de comunicación oportuna entre partes, la lógica, el no abuso del derecho y el bien común de la población.
Sirva el presente para generar conocimiento ante posibles desavenencias por falta de información. Es que el ejercicio de una comunicación asertiva, fidedigna y oportuna, ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, simboliza el desarrollo de la democracia. Ya que, sin una efectiva libertad de expresión materializada en todos sus términos la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y, en definitiva, se empieza a crear el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad.
