*Por Eric Briones Briones
Doctor en Derecho Laboral
Continuando con el análisis de lo resuelto por la Sala Constitucional en torno al proyecto de ley denominado: “Ley Marco de Empleo Público” (expediente 21.336), se debe señalar que los magistrados, por mayoría, consideraron sobre las
disposiciones atinentes a la negociación colectiva y el derecho de sindicación (art. 43 y el transitorio XV del proyecto) que las mismas son constitucionales (voto 17.098 del 2021) bajo la interpretación que se dirá.
Básicamente las normas cuestionadas señalan que el jerarca institucional tiene la obligación de denunciar toda convención colectiva a su vencimiento y en caso de renegociarse, la imposibilidad de generar nuevas condiciones referidas a: salarios, creación de pluses/compensaciones, creación de nuevas plazas, es decir, en términos generales asuntos donde se deba realizar una erogación adicional de recursos que afecten el presupuesto nacional o el de una institución pública, mediante gastos que no se ajusten a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
En este caso, después de hacer un análisis jurídico de los precedentes constitucionales, en referencia a la temática (votos 1.696-9219.511-18, 8.396-20, 12.800-20), los magistrados llegan a las siguientes conclusiones: primero en cuanto al tema de la restricción a negociar materia que implique afectación al presupuesto nacional considera su validez, en el tanto y cuanto: “Las nuevas obligaciones o derechos obtenidos al alcance de la negociación colectiva se ajusten a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad presupuestaria al amparo de la jurisprudencia constitucional y siempre y cuando se trate de convenciones colectivas donde participen los empleados del sector público que válidamente puedan celebrar convenciones colectivas de acuerdo con la Constitución y la ley” (subrayado no es del original).
Y con respecto a lo dispuesto en el transitorio XV sobre la obligatoriedad de las jerarquías institucionales de denunciar toda convención colectiva, con posibilidad de renegociación, se indicó: “No resulta inconstitucional siempre y cuando se interprete en el mismo sentido que se indicó en el voto 2018-019511 de las 9:45 p. m., del 23 de noviembre del 2018, es decir, en aplicación de la Constitución Política (artículos 62 y 74), los Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo y la jurisprudencia de este Tribunal”, es decir, bajo la hermenéutica de que con base en la libertad de negociación, cualquiera puede denunciar una convención colectiva, sin restricción alguna y por otra, que no se le puede “obligar” a una parte a concluir el contrato colectivo con la otra, sino que es potestativo.
