*Por Eric Briones Briones
Doctor en Derecho Laboral
La Ley Marco de Empleo Público (número 10.159), de sus 11 capítulos que la conforman, el cinco está destinado (en ocho artículos, que van del 14 al 22) al tema de hacer dable la gestión del empleo público, entendida como los flujos de personas servidoras públicas, en cuanto a movimientos de entradas y salidas (art. 5e).
El artículo 14 enlista lo concerniente al reclutamiento y selección de personal, para lo que reitera que debe hacerse mediante idoneidad comprobada, por lo que excluye de dicha posibilidad a los ligados por parentesco de consanguinidad y afinidad hasta tercer grado con la jefatura inmediata y las personas superiores inmediatas de dicha dependencia y/o aquellas personas que se encuentran inelegibles en la plataforma integrada de empleo público, esto por cuanto puede ser que haya habido algún motivo de sanción de inhabilitación, como lo refiere el artículo 12 de la ley en comentario.
El ofrecimiento del empleo público debe ostentar contenido presupuestario y ser convocado mediante procesos de selección (dentro de sus postulados con carácter abierto en igualdad de condiciones, de transparencia; sin perjuicio de las discriminaciones positivas, como podrían ser los casos de las leyes 8862, 5% para las personas con discapacidad, y 10.120, 7% para las personas afrodescendientes) y ejecutado el nombramiento dentro de los tres años, todo lo que constará en formato digital dentro de la plataforma integrada que lleva Mideplán al efecto.
Por su parte, el nombramiento de personal de alta dirección pública (subdirectores, directores, etc.), ligado a la implementación, dirección y supervisión de decisiones estratégicas de las entidades, el período de prueba es de seis meses y su nombramiento máximo es por seis años sin perjuicio de prórroga anual. Deberá hacerse con base en los principios de mérito, capacidad, igualdad entre hombres y mujeres, competencia, excelencia e idoneidad, llevado a cabo mediante “estrictos procedimientos que garanticen publicidad y concurrencia” y con sujeción a las evaluaciones de desempeño.
Es oportuno recordar que estos puestos, con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, pasaron a ser de confianza al reformar el artículo 4 del Estatuto de Servicio Civil, en el entendido que los que en la actualidad desempeñan el puesto en propiedad permanecerán bajo la condición hasta que cese su relación laboral con el Estado.
En general, la oferta se enmarca, como se puede constatar, dentro de un concurso de oposición y bajo una serie de postulados (art. 15), que buscan la igualdad, la evaluación del mérito, conocimientos, capacidad, competencias, inclusión territorial y racial, conforme a las particularidades de cada familia de puestos.
