*Por Eric Briones Briones
Doctor en Derecho Laboral
Dentro de los 11 capítulos que conforman la Ley Marco de Empleo Público (número 10.159), el número cinco, como se ha referido está destinado (en ocho artículos, que van del número 14 al 22) al tema de hacer posible la gestión del empleo público.
Además de lo relacionado con la oferta, reclutamiento y selección de personal, se encuentran dentro de los artículos 19 al 22 los temas de movilidad, cesación y el del debido proceso para el despido.
En cuanto a la movilidad, se refiere que en atención al interés público y bajo el concepto de Estado como patrono único se pueden realizar traslados internos institucionales y entre instituciones de sus servidores.
Aquí es importante recordar que la Sala Constitucional, en diversos votos (8.381-2006), ante cierto tipo de traslados geográficos ha considerado violación al derecho de variar, cuando conlleve menoscabo de derechos laborales adquiridos.
Por su parte, también se regula en el artículo 20 el cese en el empleo, exponiendo diversas causas, entre ellas el despido justificado (por causas atribuidas a la persona servidora, como obtener dos evaluaciones del desempeño consecutivas inferiores al 70%, a pesar del plan remedial, que se tuvo que someter) o el que conlleve una inhabilitación para el ejercicio en la función pública que tenga carácter firme y que por ende imposibilite la continuación del ejercicio.
Se estipula para el despido sin responsabilidad patronal un procedimiento ordinario, que debe ser unificado para todas las instituciones y ser acorde con el debido proceso, con base en lo que ha referido la Sala Constitucional (votos números 15-90 y 1739-92) y debiendo concluir en el plazo de dos meses a partir de su iniciación.
En caso de que inicie mediante una investigación preliminar (se entiende que el plazo de los dos meses para llevar a cabo el procedimiento ordinario no comienza), la misma bajo pena de prescripción debe correr en el plazo de un mes a partir de que la persona jerarca tiene conocimiento (aquí lo correcto sería haber puesto desde que la administración tuviese conocimiento y no supeditarlo a un jerarca, salvo que por jerarca se interprete como jefatura inmediata).
Asimismo, si dentro del plazo referido, esta investigación previa permanece paralizada por culpa de la administración la misma prescribiría.
Una vez superada esta fase preliminar en caso de que proceda o iniciado el procedimiento ordinario, el plazo de los dos meses inician con los siguientes actos procesales:
- Con el nombramiento del órgano director por parte del jerarca institucional (que puede motivadamente decretar suspensión del cargo de la persona funcionaria), que deberá formular los cargos y dar traslado a la persona procesada, por el término de 15 días (en este plazo, la persona debe presentar por escrito los descargos, defensas, las excepciones previas dentro de los diez días otorgados y las pruebas respectivas) para la evacuación de la prueba ofrecida en audiencia oral y privada (aquí no se hace alusión a la comparecencia, sino a audiencia; este un tema confuso, salvo que sea un sinónimo comparecencia de audiencia, debe evaluarse).
- Lo anterior debe ser notificado de manera personal por el correo electrónico institucional (parece que sobre lo de manera personal, pues pareciera que el fin de la ley, es que se realice por correo y no en persona) y en caso de que no exista forma de localizarla (por ejemplo, que el correo institucional haya sido desactivado, etc.), por correo certificado o en La Gaceta.
- Vencido el plazo concedido para la defensa de la persona servidora pública y no oponiéndose o estando conforme se proceda con la resolución del despido por parte del jerarca institucional.
- En caso de oposición, el órgano resuelve lo que proceda y convoca a comparecencia oral y privada, en donde se recibe el material probatorio y se deja listo para que se dicte resolución definitiva.
- Contra lo resuelto por el jerarca y siendo que considera que se debe amonestar verbalmente, debe advertir por escrito o suspender hasta por un mes (igual para los despidos), caben los recursos de revocatoria y apelación (en ambos efectos, es decir, suspendida la medida hasta que se encuentre firme y se agote la vía administrativa), dentro del plazo de los cinco días, el primero lo resuelve el jerarca y el segundo el Tribunal de Servicio Civil.
- Autorizado el despido por resolución firme, la persona jerarca (el o la) tiene un plazo de caducidad de un mes para ejecutarlo, lo que va a contrapelo del año referido en el artículo 615 del Código de Trabajo reformado, que concede más tiempo para la ejecución, tomando en cuenta la dinámica práctica de la administración superior.
Finalmente, este proceso (y no “procedimiento de despido”, como lo refiere técnicamente incorrecta, la ley) está sustraído a los Poderes Judicial y Legislativo, el TSE y los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativo, como las universidades públicas y municipalidades, entre otras; por lo que deben aplicar el mismo conforme a su normativa interna.
