*Por Eric Briones Briones
Doctor en Derecho Laboral
A través de una serie de entregas, me propongo hacer alusión sobre diferentes temas tratados por la Sala Constitucional acerca del proyecto de ley sobre empleo público emitido, redactado y publicado, mediante voto número 17.098 de las 23:15 p. m., del 31 de julio del 2021.
En primer lugar, se debe precisar que fue redactado por los magistrados Fernando Castillo Víquez y Ana María Picado Brenes, en casi 750 folios, constituyendo una de las sentencias más profusas que ha dictado esta Sala desde su creación en 1989; como parte de la consulta legislativa facultativa (realizada por un grupo de diputados y diputadas) sobre varias normas del proyecto no. 21.336, denominado: “Ley Marco de Empleo Público”, con base en el artículo 96 y concordantes de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
En lo que interesa divide dentro de un índice temático lo atinente a vicios de fondo y forma, recordando que el mismo ya fue votado legislativamente en primer debate; asimismo, consulta sobre posibles violaciones a los regímenes institucionales, en torno a la autonomía, específicamente del Poder Judicial, TSE, universitaria, CCSS, municipal.
Asimismo, en referencia a tópicos tales como la objeción de conciencia; del derecho de negociación colectiva y sindicación; sanciones de inhabilitación; igualdad salarial y salario global; proceso único de despido, dentro del debido proceso; sostenibilidad fiscal para permisos a funcionarios públicos; junto con la exclusión de las empresas públicas en competencia y otras, como parte del proyecto.
Es por ello que, a partir de las próximas entregas, se estarán analizando, cada uno de estos temas, que pretenden dar un giro al empleo público, con el fin de reordenarlo.
Estas entregas son parte del derecho a estar informados como ciudadanos; por cuanto un conocimiento oportuno y llano genera precisamente libertad y una opinión más sólida a la hora de discernir, diferir o alegar un tema con tal trascendencia para el país, como este.
