Después del anuncio de la presidenta Laura Fernández el miércoles 9 de setiembre de 2026 sobre traslados en los cuerpos policiales, más de un oficial se puso nervioso. El Ministerio de Seguridad Pública salió a aclarar que no es una purga masiva.
El ministro Gerald Campos explicó que los traslados golpean a tres grupos distintos: los directores de los cuerpos policiales adscritos al Ejecutivo, los subdirectores, y los oficiales denunciados por corrupción.
“A los sindicatos, a las asociaciones les decimos: tenemos que darnos la mano, tenemos que limpiar la policía”, dijo Campos, dejando claro que la orden viene directo de Casa Presidencial.
Sobre los policías señalados por corrupción, fue tajante: “no vamos a ser tolerantes”, y adelantó que las investigaciones en su contra se van a priorizar.
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, aclaró que la medida busca sacar de sus puestos a oficiales corruptos que el Poder Judicial detiene, pero que luego regresan al mismo centro penal sin medidas cautelares, “y va a seguir en lo mismo” si no se les traslada.
Aguilar también pidió calma a la tropa: “esto no van a ser traslados masivos de todos ustedes”, insistió, reconociendo que la forma en que se anunció el miércoles generó confusión entre los sindicatos policiales.
“Comprendemos que ustedes tienen arraigos familiares, que tienen hijos, que tienen familiares enfermos. Todo esto nosotros lo analizamos”, agregó, en un intento por bajarle la temperatura al malestar gremial.
En resumen: rotación para los jefes, la puerta de salida para los corruptos, y nada de pánico para el resto de la tropa.
