La delegación del Gobierno presentó cifras del presupuesto del Poder Judicial y su versión sobre el nombramiento de los magistrados suplentes.
El Gobierno de Costa Rica participó este lunes 26 de octubre del 2026 en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Panamá, sobre la independencia judicial del país.
Según un comunicado, la delegación costarricense respondió a los cuestionamientos de observadores internacionales con “datos concretos y argumentos jurídicos”.
El documento destaca cuatro argumentos del Gobierno.
Primero, sobre los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, el Gobierno dijo que el Poder Judicial completó hasta la semana del 5 de octubre del 2026 la lista de 24 aspirantes.
Esa lista es un requisito del artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, indicó.
Por eso, afirmó, la Asamblea Legislativa se veía limitada para hacer los nombramientos de forma adecuada.
La Comisión de Nombramientos pudo aprobar la metodología para seleccionarlos hasta el 21 de octubre del 2026, ya con la lista completa.
El proceso, agregó, debe garantizar méritos, atestados y transparencia, y respetar los requisitos legales.
Según se informó, la Sala Constitucional había ordenado antes a la Asamblea retomar la votación de los suplentes.
Segundo, sobre el presupuesto, el Gobierno dijo que asignó al Poder Judicial el 6,87 % del Presupuesto Nacional.
Eso supera el 6 % que establece la Constitución Política, señaló, pese a una caída del 2,35 % en los ingresos corrientes.
Tercero, sobre las críticas a los tribunales, el Gobierno dijo que respeta sus decisiones.
Pero eso no exime a ninguna institución pública de rendir cuentas a la ciudadanía, como establece el artículo 11 de la Constitución Política, afirmó.
“La sana crítica no significa desacato”, señaló.
Agregó que el Poder Ejecutivo debe representar al pueblo, velar por el cumplimiento de la ley y expresar sus posiciones sobre el funcionamiento institucional.
Y que la crítica legítima y el debate democrático no constituyen, por sí mismos, ataques a la independencia judicial.
Cuarto, aseguró que Costa Rica mantiene su compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Recordó que esta no es la primera audiencia sobre el tema: en 2020, durante la Administración Alvarado Quesada, el país participó en otra audiencia temática sobre independencia judicial, celebrada en Haití.
El Gobierno reafirmó que la independencia judicial, la transparencia, la rendición de cuentas y la libertad de expresión son “pilares de la democracia”.
Y que las diferencias entre los Poderes de la República son parte del debate democrático y deben abordarse con hechos, respeto a la ley y responsabilidad institucional.
