La diputada Abril Gordienko lanzó una bomba en el Plenario esta semana: dijo que un pastor evangélico le había ofrecido 42.000 votos a cambio de ¢420 millones durante la pasada campaña electoral.
El problema es que no dio el nombre. Y después, en un comunicado, reconoció que no tiene las pruebas para denunciarlo formalmente.
El diputado Gerald Bogantes Rivera no se quedó callado.
Le recordó en el Plenario que la falta de pruebas no es excusa: «si un funcionario público intenta un soborno, yo puedo denunciarlo por su intento», le dijo.
También le recordó que si ella presenció el ofrecimiento, ella y quienes la acompañaban son testigos presenciales, prueba válida en cualquier juzgado.
Bugantes también le preguntó por qué se esperó nueve meses para sacarlo a la luz, en lugar de denunciarlo ante el Tribunal Supremo de Elecciones durante la campaña.
«El voto conservador, cristiano o evangélico no está a la venta ni se le pone precio», remarcó, pidiéndole a Gordienko que se retracte públicamente o revele el nombre del pastor y presente la denuncia formal con pruebas.
La Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC) salió con un comunicado el 17 de setiembre de 2026 en la misma línea.
«Una acusación de esta gravedad no puede quedar bajo la referencia general de ‘un pastor’. No identificarlo abre la puerta a generalizaciones y pone injustamente bajo sospecha a miles de pastores que sirven con integridad en Costa Rica», señaló la organización.
La FAEC recordó que, de comprobarse, los hechos descritos podrían configurar el delito contra la libre determinación del votante, del artículo 279 del Código Electoral, con pena de dos a doce meses de prisión.
También anunció que le enviará una carta formal a Gordienko exigiéndole que identifique al pastor y proceda ante las autoridades correspondientes.
«Si existe una acusación, debe identificarse al responsable. Si existe un posible delito, debe denunciarse. Lo que no corresponde es dejar bajo sospecha a todo el pastorado costarricense», cerró el comunicado.
Los evangélicos representan cerca del 30% del electorado costarricense, según recordó la misma FAEC.
No es un tema menor. Hablar de 42.000 votos a cambio de dinero, en perspectiva, hubiera significado una o dos diputaciones más para el Partido Unidad.
Pero también hay que ser realistas: es común que la gente se sobredimensione. Cualquiera puede decir «yo le entrego tantos votos» sin que sea cierto.
El problema de fondo es otro: sea verdad o exageración, dejarlo sin nombre termina funcionando como un ataque genérico contra todo el sector evangélico.
