Las declaraciones de la presidenta Laura Fernández, quien denunció este viernes 31 de julio de 2026 un supuesto «golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa» por la prórroga en nombramientos de magistrados suplentes, desataron fuertes reacciones de la oposición.
Mientras diputados de oposición calificaron sus palabras como peligrosas, la bancada oficialista respaldó el discurso y anunció una querella por prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional.
La diputada de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) Claudia Dobles, aseguró que las palabras de la presidente son «temerarias y absolutamente irresponsables».
«Nos parece muy preocupante que el Poder Ejecutivo siga en guerra abierta contra el Poder Judicial. Esto no le beneficia a los costarricenses, esto solo le beneficia al crimen organizado y la pregunta es ¿Qué sigue? Lo que seguiría es que el Poder Ejecutivo no reconozca a la Sala Constitucional», agregó.
El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez indicó que su bancada rechaza «categóricamente las peligrosas e irresponsables declaraciones emanadas de la Casa Presidencial esta mañana».
«Es absolutamente claro que la responsabilidad por el no nombramiento de magistrados suplentes es del partido oficialista», indicó Ramírez.
El líder del Frente Amplio, José María Villalta, aseguró que el Ejecutivo es el que busca paralizar y saboter el trabajo del Poder Judicial.
«¡Las pajas tirándole a las escopetas! ¿Cómo va a hablar el Gobierno de un golpe de Estado cuando ellos son los que han intentado paralizar y sabotear el Poder Judicial al no nombrar magistrados para dejar la Sala Cuarta sin poder funcionar, sin poder conocer los casos y la Corte Plena sin poder tramitar los casos de corrupción contra ellos mismos?», expresó con ironía.
Pulso
La presidente de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, anunció que presentarán una querella por prevaricato contra los «magistrados golpistas» que votaron a favor de ampliar el nombramiento de los magistrados suplentes.
Los llamados «golpistas» son Fernando Cruz, Paul Rueda, Ingrid Hess y Jorge Araya.
El jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, indicó que los magistrados solo buscan proteger los intereses de «unos pocos».
«El pueblo de Costa Rica debe defender valerosamente la Constitución Política y el Estado de Derecho, hoy fracturado por cuatro magistrados golpistas y todos sus cómplices, que lo único que pretenden es proteger los intereses de unos pocos en detrimento de todo el pueblo costarricense», detalló.
El periodo de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional venció el 16 de diciembre de 2025 y corresponde a los diputados nombrar a los nuevos a partir de una lista de candidatos elaborada por la Corte Plena.
Sin embargo, los 31 diputados de Pueblo Soberano rechazaron la lista y solicitaron a la Corte una nueva nómina.
El Poder Judicial defiende la prórroga como una forma de mantener el funcionamiento de los servicios de la Sala Constitucional.
