El combustible de las unidades que realizan investigaciones y trasladan cuerpos y reos, los viáticos, la realización de juicios, el programa de protección de víctimas y testigos, el mantenimiento y reparación de infraestructura, los peritajes, la contratación de traductores y muchos otros servicios más quedarían en vilo por un nuevo recorte presupuestario de ₡3.053 millones en gastos operativos del Poder Judicial.
Para terminar el año, dispone de ₡7.000 mil millones. Sin embargo, la reducción aplicada por el Ministerio de Hacienda para los dos últimos trimestres representa el 42% del saldo, lo que causaría una enorme afectación y pondría al Poder Judicial en una situación crítica de su operatividad y haría tambalear aún más la seguridad del país y la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Así lo manifestaron este lunes 20 de julio del 2026, en conferencia de prensa, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, la presidente de la Sala Tercera, Patricia Solano, el Fiscal General, Carlo Díaz, el director a.i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, el director de Defensa Pública, Juan Carlos Pérez y la directora ejecutiva del Poder Judicial, Eugenia Romero.
Las autoridades indicaron que la semana anterior recibieron una nota de Hacienda en la que se les comunicó el rebajo. Romero explicó que se trata de una retención en la programación financiera, es decir, que para este tercer trimestre y para el último del año, del 100% programado que se requerían para gastos operativos solo se liberará el 90%, por lo que, lo que no se podrá utilizar en ambos periodos equivale a esos ₡3.053 millones.
“No es el mecanismo de un presupuesto extraordinario, que es lo típico y a lo que estuvimos incluso de acuerdo en contribuir, en este caso es mediante la programación financiera que se nos mantiene en una condición de no ejecución los recursos”, detalló Romero.
“El depósito no se nos hizo, ya está únicamente por el 90% de la cuota que correspondía para este trimestre, ósea, ya se materializó la afectación”, agregó.
Este recorte se suma a los ₡13 mil millones que el Poder Judicial aplicó a pedido del ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves.
¿Sacada de clavo?
Con esto, la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial alcanza un punto más álgido.
Ante esto, el presidente de la Corte, aseguró que, por los antecedentes, se trataría de una decisión política.
“Si tomamos en cuenta cuál ha sido el devenir del comportamiento del partido del gobierno en relación con el Poder Judicial, sin desconocer desde luego que el país puede estar pasando por un problema económico importante, esto, yo, particularmente, lo considero como un ejercicio de carácter político”, aseveró.
La magistrada Patricia Solano afirmó que esto le preocupa mucho.
“Rodrigo Chaves (ministro de Hacienda y de Presidencia) qué dice: ya tenemos al Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, vamos por el Judicial. Para poder hacer este rebajo que ya inició se requiere que se vaya a la Asamblea Legislativa con un rebajo extraordinario y en razón de que esto afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial requeriría una mayoría calificada, sin embargo, por las vías de hecho que se hacen, simplemente no se deposita”, dijo.
Pero no se quedarán de brazos cruzados. Aguirre añadió que como parte del acuerdo de Corte Plena le autorizaron para que, en conjunto con la Dirección Jurídica, analicen la situación y definan las acciones legales que se puedan plantear.
