Televisora de Costa Rica publicó un editorial en el que advierte que la subasta de frecuencias de radio y televisión, ejecutada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), representa una amenaza para la democracia, el pluralismo informativo y la libertad de expresión en el país.
Según la empresa, este proceso podría provocar el cierre de decenas de medios y coloca a Costa Rica en un escenario “comparable a lo sucedido en Venezuela”.
La postura de la corporación representa la línea que dirige Ignacio Santos, director de Telenoticias, y del magnate René Picado Jr., hijo de uno de los dueños, René Picado.
Sin embargo, varias de las afirmaciones planteadas en el editorial contrastan con hechos verificables y con antecedentes públicos de la propia televisora.
En primer lugar, la subasta de frecuencias no implica el cierre automático de ningún medio, ni la confiscación o suspensión de operaciones. Se trata de un proceso regulatorio previsto en la legislación costarricense desde la entrada en vigor de la Ley General de Telecomunicaciones (2008), cuyas concesiones establecen plazos, cánones y condiciones de renovación.
La Sutel, además, ha reiterado que los oferentes —incluida la misma Teletica— participan de forma voluntaria bajo reglas iguales para todos.
Un segundo punto llamativo es la comparación con Venezuela. En Costa Rica, el proceso no involucra clausuras de canales, decomisos de equipos ni intervenciones sobre líneas editoriales, elementos que sí caracterizaron la crisis venezolana.
En el país, lo que está en discusión es el monto a pagar por el uso del espectro radioeléctrico —un recurso público— y la forma en que deben asignarse las concesiones.
A esto se suma un antecedente relevante que no aparece mencionado en la postura editorial de Canal 7.
En el 2018, Televisora de Costa Rica debió cancelar ₡3.724 millones al Ministerio de Hacienda por concepto de impuestos, intereses y multas, tras una serie de hallazgos de la Dirección General de Tributación sobre inconsistencias en el pago de tributos.
El caso fue documentado por el Semanario Universidad, que señaló que el pago se realizó para evitar un procedimiento judicial de carácter penal.
Este antecedente resulta particularmente relevante en el contexto actual, dado que la televisora plantea una defensa del interés público, la transparencia y la institucionalidad democrática, pero omite mencionar un episodio en el que la propia empresa tuvo que regularizar su situación fiscal.
También llama la atención que Teletica señale efectos “catastróficos” del proceso licitatorio, al tiempo que reconoce expresamente que está participando en él.
La empresa indica que “debe someterse” a las reglas definidas para continuar operando, lo cual evidencia que no existe una prohibición, ni una limitación directa que afecte su permanencia en el mercado.
Finalmente, el mensaje editorial sostiene que las decisiones de la Sutel podrían llevar al país a una condena internacional por violaciones a la libertad de expresión.
Sin embargo, la asignación de espectro mediante concursos públicos y pagos por uso es un mecanismo ampliamente utilizado en sistemas democráticos consolidados y respaldado por marcos regulatorios modernos.
