El candidato presidencial Boris Molina, de la Unión Costarricense Democrática, presentó un recurso de amparo ante la Sala IV contra la subasta de frecuencias de radio y televisión. Su argumento: que el proceso impulsado por el Gobierno y la SUTEL estaba diseñado con criterios puramente económicos, lo que pone en riesgo a emisoras pequeñas, evangélicas, católicas y culturales, favoreciendo la concentración en manos de los grandes.
Pero aquí está el detalle que desmiente la narrativa, al menos en un caso: las radios culturales no están en riesgo de desaparecer. Desde el decreto ejecutivo N.° 40518-MICITT, estas emisoras quedaron protegidas y exentas de la subasta, porque cumplen una función social y educativa. Es decir, mientras otros tienen que sacar la chequera, las culturales siguen al aire con respaldo legal.
El recurso de Molina se suma a la bronca política que rodea la subasta: precios de entrada altísimos para televisoras nacionales, cuotas anuales pesadas para radios regionales, y un modelo que desnuda la desigualdad del sistema. Los grandes pagan caro al inicio y luego se les suaviza la carga; los pequeños entran fácil pero se ahogan con la mensualidad.
Recordemos que la subasta se abrió porque varias concesiones vencieron y, por ley, deben renovarse mediante un concurso público y que las reglas las pone Sutel, avaladas por la Contraloría.
En palabras simples: la pelea no es por las radios culturales, que ya están blindadas, sino por quién controla el micrófono.
