La guerra fría entre el empresario Leonel Baruch y el presidente, Rodrigo Chaves, estalló la cuarta semana de abril del 2025, con un nuevo chispero.
Baruch —figura central del bloque antichaves— presentó una denuncia penal que sacudió la escena política, apuntando no solo al mandatario y a la diputada oficialista Pilar Cisneros, sino también a reconocidos actores del ecosistema mediático y empresarial que, sin ser parte directa del gobierno, han evitado confrontarlo y, en algunos casos, han manifestado simpatía con su discurso.
La denuncia, presentada ante la Fiscalía General en la jurisdicción de crimen organizado, acusa a los señalados de participar en una presunta estructura coordinada para difundir información falsa, desacreditarlo públicamente y manipular la opinión pública.
Además de Chaves y Cisneros, Baruch menciona a Carlos Valenciano Kamer (dueño del canal ¡OPA! 38), Richard Molina (El Guardián), Carlos Denton (CID-Gallup), David Patey (Trivisión) y el abogado del mandatario, José Miguel Villalobos.
El punto de partida del conflicto es una publicación de La Estrella de Panamá, del 15 de abril del 2025, que reveló una investigación conjunta entre las autoridades panameñas y costarricenses por presunto blanqueo de más de $100 millones a través de un banco costarricense con operaciones en Panamá.
Aunque el medio no menciona nombres, la información fue rápidamente replicada en Costa Rica y vinculada con el banco BCT, del que Baruch es accionista principal.
El empresario reaccionó con un comunicado categórico, en el que niega estar bajo investigación en Costa Rica o Panamá y afirma que ni él, ni el BCT, han participado en lavado de dinero o evasión fiscal.
Acusa al presidente Chaves de orquestar una campaña para atacar su imagen y la de CRHoy, medio que ha sido crítico con la administración desde su llegada al poder.
“La ofensiva de Semana Santa es parte del mismo plan criminal orquestado por el líder de la organización, el presidente Chaves”, señala el documento, donde también asegura que todo se originó con un TikTok que, según un testigo en una causa judicial, habría sido fabricado a solicitud de la diputada Pilar Cisneros.
Cisneros no tardó en responder. En declaraciones a medios, se defendió con firmeza: “Organización criminal definitivamente no tiene nada que ver con Pilar Cisneros. No sé si tendrá que ver algo con el señor Leonel Baruch. El tiempo dirá”.
La tensión no es nueva. En julio del 2023, Baruch ya había denunciado al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y al director de Tributación, Mario Ramos, por negarse a entregar un informe técnico clave que recomendaba archivar el llamado “megacaso” de evasión fiscal por ₡11.000 millones, en el que estaba implicada su empresa Beta Matrix.
La Sala IV le dio la razón, reforzando la narrativa de persecución política.
Con esta nueva ofensiva legal, el pulso entre Baruch y el entorno político-mediático cercano al oficialismo deja al descubierto una división profunda en el país.
De un lado, un bloque crítico al gobierno que denuncia autoritarismo, abuso de poder y manipulación institucional. Del otro, figuras que, de cierta forma, muestran simpatía por Chaves en su estilo frontal, disruptivo y desafiante.
El chispero está encendido. Y el país, una vez más, dividido entre dos visiones de poder.
