En el Concejo Municipal de San José se armó ante la presunta presión del alcalde de San José, Diego Miranda, en que se le suelte un ‘menudo’ de ¢41 millones a la fundación Hospicio de Huérfanos.
El asunto de fondo, según lo denunció Iztarú Alfaro Guerrero, regidora propietaria del Partido Liberación Nacional (PLN), es que el representante de dicha organización es el abogado Boris Molina.
La edil sostiene que Miranda y Molina son “amigos”. En una de sus intervenciones, en sesión ordinaria del martes 17 de julio de 2024, mostró una foto en la que se ven abrazadotes en el acto de toma de posesión del 1.° de mayo del 2024.
Alfaro sostiene que desde hace más de cinco años esa fundación no vela por el cuidado de ningún niño, pues “el PANI les quitó esa potestad”, detalló en un comunicado de prensa.
También cuestiona que el alcalde josefino y sus asesores promueven el giro de recursos, amparados en la ley 8810, que destina el 50% de las utilidades de la Comisión de Festejos Populares al Hospicio, sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) señaló que el pago no tiene sentido.
La regidora liberacionista manifestó que es “penoso y vergonzoso” que Miranda tenga un manejo oscuro sobre su relación de amistad con el abogado de la fundación que recibiría el güevo.
Además, que guarde silencio sobre la existencia del proyecto de ley 22316 que elimina la obligatoriedad de la Municipalidad de dirigir esos recursos al Hospicio.
“Ante todo comparto profundamente el deber de cumplir con la ley. Entiendo que las obligaciones presupuestarias se rigen por la técnica y el apego a la normativa. Este es el caso de la obligación de nuestra Municipalidad con el Hospicio de Huérfanos y quiero recalcar con el Hospicio de Huérfanos, no con ninguna fundación que quiera sacar provecho de esta ley”, mencionó.
