La Sala Constitucional emitió el pasado 2 de febrero una sentencia que obliga a que el Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero (La Reforma) “coordine lo necesario para que se disponga de equipos de cómputo a efecto de que las personas privadas de libertad puedan consultar electrónicamente sus expedientes”.
Ese voto que firmaron los magistrados Fernando Castillo, Fernando Cruz, Jorge Araya, Anamari Garro, Ingrid Hess y Paul Rueda, cayó como un jarro de agua fría al Gobierno. El presidente de la República ya dijo que no está de acuerdo con la sentencia cuando todavía “nuestros niños no tienen computadoras”.
“El día de mañana nos van a decir que les pongamos aire acondicionado, cable, ¿qué, masajistas, baño sauna? Yo no sé hasta dónde vamos a llegar defendiendo los derechos de criminales a costa de una sociedad que está pidiendo más seguridad y merecidamente”, expresó el Presidente.
También el Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, se manifestó en contra. “Por un lado luchamos con el acceso a Internet, con los delitos, con las estafas y ahora me obligan a darle computadoras a los más de 15.000 privados de libertad. Así no vamos a ganar esta lucha. Tienen Defensa Pública, tienen otros medios y ahora tenemos que hacer salas de cómputo para todos los privados de libertad”, expresó Campos.
Responde la Sala
Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional, dijo que la Sala “ordenó que se le suministrara a un privado de libertad un instrumento electrónico para que él pueda leer su sentencia. De esta resolución no se puede deducir bajo ninguna circunstancia de que la Sala esté ordenando que se le entreguen a todos los privados de libertad computadoras y mucho menos que se les entreguen computadoras con acceso a Internet”.
La sentencia se debe a un recurso de amparo a nombre de Denovan Quesada, quien desde 2021 cumple una sentencia de siente años y ocho meses de prisión por Robo Agravado y Hurto Simple. Esta persona quiere una revisión de su sentencia y necesita el documento con la sentencia del tribunal donde fue juzgado.
El sujeto afirmó que al no obtener respuesta se violentaron sus derechos y envió un recurso de amparo a la Sala Cuarta, que lo declaró parcialmente con lugar y ordenó al Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela enviarle la sentencia.
Desde el Poder Judicial se insistió en que “esto no quiere decir que el Tribunal Constitucional esté ordenando la compra masiva de estos equipos, ni la entrega individual o sin regulación a personas privadas de libertad, sino que se les proporcione los medios para que puedan consultar sus expedientes”.
