
*Por Eric Briones Briones
Doctor en Derecho Laboral
La legislación número 10.159 (Ley Marco de Empleo Público), de sus once capítulos que la conforman, el número 4 se refiere a la organización del trabajo, que en un solo artículo trata de explicar el régimen de empleo público en cuanto a su conformación, por medio de siete familias de puestos (que en concordancia con el artículo 32 de la ley estará conformada por una serie de grados, cada uno representando un grupo de puestos con perfil similar), que serán de aplicación en los órganos y entes de la administración pública, salvo en lo relativo a las relaciones de empleo de las personas, que desempeñan funciones o labores administrativas, profesionales o técnicas, que sean “exclusivas y excluyentes” para el ejercicio de las “competencias constitucionalmente” asignadas al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa, por lo que cada uno tendrán su propia familia de puestos (artículo 13), esto en acatamiento al voto constitucional número 17.098 del 2021.
Las familias que se crean son:
- Funcionarios públicos en general y servidores de actividades artísticas, con las exclusiones de ley y lo estipulado en el estatuto del Servicio Civil.
- Las personas servidoras públicas de las ciencias de la salud.
- Las que se desempeñen en funciones policiales, que de conformidad con la Ley General de Policía (artículo seis) serían: la Guardia Civil, la Guardia de Asistencia Rural, la policía encargada del control de drogas no autorizadas y de actividades conexas, la Policía de Fronteras, de Migración, Control fiscal, Dirección de Seguridad del Estado, Policías de Tránsito, de la niñez, escolar y penitenciarias, de la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea, así como cualesquiera otras que indiquen las leyes.
- Personas docentes del MEP, con base en los títulos II y IV, del estatuto del Servicio Civil.
- Personas docentes y académicas de la educación técnica.
- Personas del servicio exterior, consecuencia de su régimen especial y las condiciones que enfrentan, cuando deben partir al exterior, dentro de costos de vida diferenciados por paridad del poder adquisitivo (art. 31 inc. k).
- Personas en cargos de confianza, sea los servidores de libre nombramiento y por ende de remoción.
Finalmente se estipula que la creación de las familias queda reservado a la ley (como garantía de control frente al poder público, según lo ha determinado la Sala Constitucional, en su voto número 8.409 del 2011) y que su constitución / modificación en el futuro debe estar justificada por criterios técnicos/jurídicos, en concordancia con los principios de eficiencia y eficacia de la gestión pública y contar con el diagnóstico, protección de las condiciones de trabajo, en cuanto a lo que tiene relación con la salud ocupacional, conforme lo dispone el artículo 300 del Código de Trabajo.