*Por Eric Briones Briones
Doctor en Derecho Laboral
Por decreto legislativo número 10001, publicado el 31 de agosto del 2021, se emitió la ley: “Acciones afirmativas a favor de las personas afrodescendientes”, con lo que se pretendía eliminar el trato diferenciado real en el plano laboral y se abrió la posibilidad (no obligación) de destinar (por un plazo de diez años, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley), por parte de las instituciones públicas, al menos el 7% de los puestos vacantes al año, con el fin de ser ocupados por las personas afrodescendientes, siempre que cumplan, en igualdad de condiciones, con otros oferentes, con los requisitos legales y constitucionales para acceder a los puestos.
Esto fue modificado y derogado mediante la promulgación de la ley número 10.120, del 9 de marzo del 2022, reconociéndose: “La población afrodescendiente ha sido históricamente víctima de racismo, discriminación y xenofobia”, de allí que mediante la “acción afirmativa o positiva” se deban implementar las medidas para dar un trato diferenciado a la población afrodescendiente y asegurar su acceso al empleo y a la educación.
Dentro de las medidas están la obligatoriedad (y no ya la posibilidad) de toda institución pública a destinar al menos un 7% de los puestos de trabajo vacantes al año para que sean ocupados por las personas afrodescendientes, siempre que cumplan, en igualdad de condiciones, con los requisitos legales y por su parte el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) destinará igual porcentaje de los cupos en cada una de sus ofertas educativas a la población afrodescendiente y lo divulgará en sus programas, sedes regionales y en toda publicidad sobre oferta curricular (artículo tres de la ley).
El Estado deberá estimular la apertura de espacios públicos dedicados a la información, el análisis y la discusión de la temática de la población afrodescendiente, desde el punto de vista educativo y cultural, mediante acciones y mediciones de resultados en sus planes de trabajo.
El Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) deberá incorporar en sus programas existentes o nuevos las acciones afirmativas específicas relativas a la participación política, la autonomía económica y el acceso a la salud para las mujeres afrodescendientes.
Finalmente, lo que llama la atención es que esta sea para un plazo de 10 años de vigencia, a partir de la publicación de la ley, ¿y después qué? Ojalá, ya se haya asentado la razón misma de la reforma, durante dicha vigencia.
