*Por Eric Briones Briones
Doctor en Derecho Laboral
El proyecto de ley marco de empleo público (constituido por 50 artículos, divididos en 10 capítulos y 15 disposiciones transitorias), propone dentro de su artículo tres (expediente legislativo número 21336) la exclusión del ámbito de aplicación del mismo a los entes públicos no estatales, Bomberos y empresas públicas en competencia (salvo en la negociación colectiva); esto, consideraron los legisladores consultantes, podría ir en contra de los artículos 33 y 191 constitucionales, como parte de generar exclusiones y por ende funcionarios públicos de distinta clase.
No obstante, la Sala Constitucional, en su voto número 17.098 del 2021, consideró que esta exclusión va acorde con la Carta Magna, por cuanto, resulta que desde 1990 se ha pronunciado sobre las excepciones al afirmar: “Obvio que en la mente del constituyente estaba la idea de que no todos los servidores públicos podían estar cubiertos por el régimen especial, pues la forma de escogencia, las especiales capacidades, las funciones de cada cargo, las relaciones de confianza y dependencia no son iguales en todos los casos, de ahí que los principios derivados del artículo 192 son aplicables a ciertos funcionarios –la mayoría- no a todos. La Constitución misma señaló varios casos de funcionarios de libre escogencia y remoción como son los ministros de gobierno, los miembros de la Fuerza Pública, los directores de instituciones autónomas, representantes diplomáticos, y en general, ‘los empleados y funcionarios que ocupen cargos de confianza’ (art. 140 inciso 1), dejando a la ley (Ley de Servicio Civil dice el artículo 140) la determinación de otros funcionarios, que en casos muy calificados, pudieran ser excluidos del régimen general.
“Esta posibilidad de excluir ciertos funcionarios la reitera el artículo 192. Se repite que la intención del constituyente fue la de que existiera una sola ley, un Estatuto, que regulara todo el servicio público. No obstante, lo importante es que se dejó al legislador ordinario, por medio de la ley, la regulación en detalle de la cobertura del régimen especial, lo cual podía hacer, como lo hizo, en leyes separadas, sin detrimento del mandato constitucional. Por vía de ley, el legislador ha excluido varios casos del régimen común.” (voto número 1.119 de 1990).
Entonces se permiten excepciones, como el INS, el ICE, al ser órganos en plena competencia de mercado; además que muchas personas trabajadoras del Estado, por su naturaleza funcional o por el tipo de centro de trabajo en el que se desempeñan se regulan por el derecho del trabajo privado; de allí que “sí es posible establecer excepciones al ámbito de aplicación del régimen o estatuto de Servicio Civil; exclusión que no puede ser arbitraria y que tiene que estar debidamente justificada”, según lo viene a indicar el voto constitucional del 2021.
