*Por Eric Briones Briones
Doctor en Derecho Laboral
Esta es la última entrega sobre derechos colectivos por estos meses.
Ya hemos visto varios temas durante mayo del 2021, referidos a las huelgas en servicios esenciales, estratégicos, sus consecuencias, entre otros.
Ahora toca, finalmente, ver la calificación por parte de nuestros tribunales de trabajo conforme a la reforma, que se produjo a inicios del 2020, mediante la ley no. 9808.
Es que precisamente producto del tiempo que se duró vía judicial para la resolución del conflicto del 2018 (la huelga de 93 días contra el proyecto a la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas) es que mediante la mencionada se modificó sustancialmente el procedimiento de la calificación de la huelga.
En general, se acortan los plazos y de manera obligatoria, vía reforma, se modificó el artículo 349 del Código de Trabajo, para que en un plazo de 30 días todas las organizaciones sindicales señalaran un medio de notificaciones, precisamente para comunicarse esta diligencia de manera cierta y precisa, en caso de darse.
El procedimiento consiste resumidamente en que una vez que se produzca el movimiento (y mientras se mantenga el mismo o tratándose de la función pública hasta tres días después de finalizada) tiene la obligación -el jerarca- en caso de darse en una institución pública, de solicitar la calificación dentro de las 24 horas a partir de la suspensión de las labores, caso contrario, incurrirá de forma personal en las distintas responsabilidades que señalen las leyes.
Realizada la presentación (art. 663 del Código de Trabajo), el juez de trabajo tiene un plazo de 24 horas para resolver la solicitud y en caso de que no estuviere en forma se dará 24 horas para que se subsane. Corregida se da traslado a la parte contraria, concediéndole un plazo de 24 horas para que haga valer sus derechos.
Cumplida esta etapa se señalará una audiencia oral “sumarísima y privada”, que se deberá llevar a cabo en las 72 horas siguientes y se desarrollará en dos fases: preliminar (se valoran los vicios, nulidades y otros posibles defectos, es decir, se fijan las reglas del proceso) y complementaria (recepción de prueba y valoración, concluyendo con sentencia); esta se podría eliminar, en caso de que no hubiera que recibirse prueba
El recurso de apelación deberá interponerse inmediatamente después de la lectura integral, expresando únicamente su deseo de recurrir. De no apelarse en el momento indicado la sentencia quedará firme.
En caso de existir apelación, el juez, de manera inmediata, antes de dar por finalizada la audiencia y previa coordinación con el órgano jurisdiccional de alzada, informará la hora, la fecha y lugar dentro del tercer día en que el Tribunal escuchará los agravios de las partes, quedando debidamente notificadas de la audiencia indicada. El Tribunal tendrá un plazo de tres días hábiles para resolver, quedando en firme lo resuelto.
Este procedimiento célere, lo que busca es seguridad jurídica en el campo procesal y resolver el conflicto, dentro del ordenamiento jurídico. Habrá que ver, en la práctica, ¿cómo va a funcionar? Solo el tiempo lo dirá.
