*Por Eric Briones Briones
Doctor en Derecho Laboral
El miércoles 21 de abril del 2021 se publicó la ley no. 9958, denominada: “Ley para regular el uso del polígrafo para determinar rasgos de confiabilidad en los cuerpos de Policía de seguridad nacional”.
En el aspecto formal, consta de 14 artículos. El objetivo, según su artículo 1, consiste en regular y autorizar a los distintos cuerpos policiales del país para que puedan utilizar el polígrafo (siendo este un instrumento de medición que registra variaciones de presión arterial, ritmo cardiaco, frecuencia respiratoria ante determinadas preguntas) como método técnico y herramienta de apoyo complementaria para determinar (a quienes opten de manera voluntaria, constando su consentimiento de manera escrita y previa a su realización, bajo un protocolo de actuación), mediante la obtención de información (examen psicofisiológico de polígrafo, es decir, medición de reacciones, ante determinadas preguntas), a quienes presten servicios de seguridad y vigilancia con el fin de mantener los más altos niveles de eficiencia técnica, conducta, moral, transparencia y profesionalidad en sus funciones.
Lo anterior trata de prevenir que el crimen organizado infiltre o “compre” personas de estos cuerpos policiales en contra del fin primordial, que es el combate del delito, en el entendido que esta es una herramienta de apoyo complementaria, es decir, no determinante o contundente (por cuanto como se verá no es totalmente fiable), debiéndose tomar otras pruebas técnicas y va destinada a los funcionarios que prestan servicios de seguridad y vigilancia (siempre y cuando se sometan voluntariamente) y no que realicen, por ejemplo, una función de tipo administrativa.
Esta se deberá reglamentar en conjunto con los cuerpos policiales, en el término de tres meses a partir de la publicación; debe contar con los lineamientos para la aplicación de la prueba (junto con el procedimiento y sus recursos), los parámetros de calibración y mantenimiento de los equipos, el perfil de operador del equipo, que bien puede ser persona jurídica y física (siendo la competente la Escuela Nacional de Polícia para impartir los cursos de poligrafía), el uso y seguridad de la información (conforme a los artículos 6, 8 y 13, la información es sensible y confidencial, garantizándose la intimidad de la persona trabajadora evaluada, su honra, libertades y demás derechos, bajo sanción administrativa y penal eventualmente), así como la responsabilidad en la calibración y verificación de los equipos por una instancia competente a nivel nacional.
Ahora bien, es oportuno mencionar y tener claro -a pesar de que la ley en mención no lo refiera- que esta prueba, también conocida como “detector de mentiras”, resulta un medio probatorio que a nivel científico se le ha considerado que no es “fiable” -a pesar de que desde la primera invención que data de 1914, con el neumógrafo, ya ha transcurrido un siglo- porque un mentiroso compulsivo o personas con entrenamiento en relajación pueden manipular la misma, además del hecho que una persona trabajadora que no se someta a dicha prueba no puede ser considerada por el empleador como una persona que se le puede despedir sea con (pago de las prestaciones legales) o sin responsabilidad patronal (sin pago de los extremos del preaviso y auxilio de cesantía) por pérdida de confianza, de lealtad o fidelidad de conformidad; esto conforme la premisa del principio de la buena fe que debe primar dentro de cualquier relación laboral, sea para el sector público como privado, en el entendido que nadie puede declarar contra sí mismo o acusarse.
Finalmente, si bien y conforme al artículo 5 es una prueba voluntaria, asistida (representación legal o persona de su confianza), informada, con derecho a negarse de sometimiento, bajo todo un procedimiento y con los respectivos recursos de impugnación; la preocupación es que en la cotidianeidad de las relaciones de empleo público, la misma -ante un derecho de negación-, se vuelva sospechosa, de persecución y discriminatoria, contrariando los principios de legalidad en el ámbito laboral público.
Definitivamente su aplicación en la práctica, va a depender de los distintas consideraciones, dictaménes y resoluciones que al efecto se dicten tanto por parte de las autoridades administrativas laborales, como judiciales, en pro de los derechos individuales de la persona trabajadora (dentro de los cuerpos policiales tanto del Ejecutivo, como del Poder Judicial) y el respeto a su dignidad.
